La Diputación de Castellón anuncia el cierre de la planta de purines de Todolella como resultado de la 'inacción' del equipo de gobierno anterior.
La planta de tratamiento de purines de Todolella (Els Ports de Morella – Castellón) se verá obligada a cesar sus operaciones a finales de este año. Una denuncia presentada ante la Fiscalía revela que la planta no cumple con las normativas destinadas a minimizar su impacto ambiental.
La vicepresidenta primera y encargada del área Económica, María Ángeles Pallarés, junto con los diputados de Residuos y Sector Primario, Ximo Llopis y Sergio Fornas, respectivamente, se desplazaron a Todolella para mantener una reunión informativa con los diversos actores afectados por la paralización de la actividad. La planta es utilizada por doce ganaderos de la comarca de Els Ports y presta servicio a varios municipios, incluyendo Todolella, La Mata, Olocau del Rey, Villores, Morella, Ortells, Forcall y Cinctorres.
La Diputación de Castellón es la propietaria de la instalación de tratamiento de purines en Todolella, donde se gestionan y tratan los residuos de la ganadería.
La problemática surgió debido a la necesidad de adaptar la instalación y el funcionamiento de la actividad a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, según lo establecido en la Decisión de Ejecución (UE) para reducir las emisiones atmosféricas.
La empresa encargada de operar el servicio presentó una solicitud para obtener la Autorización Ambiental Integral correspondiente, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención y control integrado de la contaminación. Sin embargo, un informe emitido el 27 de marzo de 2023 por el Servicio de Protección de la Atmósfera de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental concluyó que no se había demostrado la implementación de todas las MTD previstas en la Decisión de Ejecución (UE) para reducir las emisiones a la atmósfera. Por lo tanto,
No se pudo emitir el informe favorable solicitado, y se recomendó tomar medidas adecuadas para proteger el medio ambiente.
La vicepresidenta primera de la Diputación ha señalado que el informe del Servicio de Protección de la Atmósfera, emitido durante las elecciones autonómicas y municipales, indicaba que la tecnología utilizada en la planta no se consideraba como las mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones a la atmósfera. En particular, los paneles de evaporación empleados generaban una cantidad significativa de gases de manera continua y difusa, lo que no era recomendable desde una perspectiva ambiental.
Además,
A finales de septiembre de 2023, la empresa adjudicataria recibió una denuncia de la Fiscalía provincial de Castellón que destacaba que la planta no estaba cumpliendo con la normativa ambiental en cuanto a la minimización del impacto ambiental.
La denuncia mencionaba la acumulación de estiércol al aire libre sobre suelo de tierra durante los años 2019-2022, lo que representaba un riesgo de filtración de lixiviados debido a las lluvias. También se señalaba que no se habían tomado medidas adecuadas para evitar la dispersión de la fracción líquida del purín debido a deficiencias en el sistema de paneles evaporativos. Además, se afirmaba que la planta carecía de Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Ante esta situación, en 2022 se presentaron denuncias que señalaban diversas deficiencias en la planta. Debido a la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito relacionado con la gestión irregular de estiércol, se contactó con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para que investigara los hechos descritos. Sin embargo, el Seprona solicitó información a las Consellerias involucradas, que no fue proporcionada, según se indica en la denuncia. Se realizó un nuevo requerimiento a las Consellerias de Agricultura, Medio Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, así como a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, con el objetivo de obtener información y, en su caso, la copia de la Autorización Ambiental Integrada de la planta.
Tras recibir un informe que concluía que no se habían implementado las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental en la parcela en cuestión, y considerando que no se garantizaba la protección del medio ambiente y la seguridad y salud de las personas, se propuso la terminación del contrato para la prestación del servicio de explotación de la planta a finales de este año. Durante el tiempo restante de vigencia del contrato, se evitaría el acceso de purines a las instalaciones, que se dedicarían exclusivamente a la finalización del tratamiento de los residuos existentes y al mantenimiento de las instalaciones para prevenir posibles riesgos en el futuro.
El gobierno provincial lamenta «la falta de acción por parte del equipo de gobierno en relación al cumplimiento de la normativa en estos años, ya que continuar con la actividad podría constituir un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales», según María Ángeles Pallarés.
Ante esta nueva situación, los ganaderos y municipios afectados por la suspensión de la actividad deberán buscar alternativas para el tratamiento de los purines.
