Acció Ecologista-Agró asegura que es la mala gestión del agua lo que ha provocado la muerte de miles de peces.
Desde hace dos años, la Marjal de Almenara sufre un grave episodio de sequía, causado no solo por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas derivadas de la emergencia climática, sino también por las constantes extracciones de agua subterránea, muchas de ellas ilegales, y la cuestionable gestión del sistema hidráulico asociado. En este contexto, Acció Ecologista-Agró, como entidad responsable de la conservación del territorio, ha estado monitoreando la negativa evolución de la situación e informando tanto a las administraciones como a la sociedad civil.
En las últimas reuniones mantenidas con representantes de la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el marco del convenio firmado para implementar las normas de gestión de esta zona húmeda, las ecologistas han manifestado la gravedad de los hechos y propuesto diversas acciones para resolver los problemas hídricos que enfrenta la zona.
Sin embargo, el peor escenario comenzó a desarrollarse este verano. Muchos manantiales han dejado de fluir, como el de Cavanilles, propiedad de Agró, que sigue seco. Esto ha provocado una caída significativa del nivel freático, lo que ha permitido la entrada de aguas residuales de baja calidad a los Estanys a través de los canales y acequias que conducen el agua hacia la Gola de la Llosa.
El problema se hizo más evidente en junio cuando, debido a este cúmulo de efectos en cascada, el agua superficial de la marisma comenzó a infiltrarse en los acuíferos, contaminándolos. En ese momento, miembros de Acció Ecologista-Agró bloquearon con maderas la compuerta de entrada a los Estanys y crearon un dique de tierra para evitar que el agua contaminada alcanzara la montaña a través del manantial de Cavanilles, logrando controlar temporalmente la situación.
Pero en agosto, las conservacionistas detectaron niveles elevados de salinidad en la laguna. Esta vez, se trataba de agua de mar que había entrado. En el canal de Torreblanca se registraron 29 gramos de sal por litro, catorce veces más de lo habitual. Inmediatamente, AE-Agró alertó a la Consejería de Medio Ambiente para revisar el estado de una población de petxinot (un tipo de bivalvo) descubierta en 2023, que afortunadamente no se vio afectada y fue trasladada a otro canal con menor salinidad.
Para Agró, estos fueron los primeros signos de que algo más grave estaba por suceder. Los avisos continuaron con la aparición de peces muertos y agua en descomposición en el canal de Torreblanca, y posteriormente con la primera mortandad masiva en la Partida de La Palafanga, en el término de La Llosa. «Nadie con competencias ha hecho nada, y el colapso ya está aquí», declararon representantes de Acció Ecologista-Agró. Tras la tragedia, brigadas de medio ambiente han retirado cerca de 900 kg de peces muertos, y las pruebas del agua revelaron niveles alarmantes de anoxia total y salinidad extrema.
Ante esta situación, la Consejería se reunió con la alcaldía de Almenara, responsable de la gestión de la acequia madre que Agró bloqueó para evitar la entrada de agua contaminada a los Estanys. Ahora, lo que se debe hacer es abrir las compuertas que drenan al mar para permitir la salida controlada del agua hipertófica, utilizando el bypass de las turbinas de las golas. Sin embargo, la apertura de compuertas interiores agrava el problema en épocas de sequía, permitiendo que las zonas más profundas de la marjal se llenen de agua de retorno, desencadenando episodios graves de anoxia.
La falta de comprensión sobre cómo gestionar el agua de la marjal, especialmente por parte del Ayuntamiento de Almenara, ha llevado a Acció Ecologista-Agró a exigir urgentemente la creación del Órgano de Gestión Hídrica de toda la marjal, tal como lo estipulan las normas de gestión de la zona húmeda aprobadas en 2021, en su artículo 6.1.5.d. Dicho artículo establece que, dada la complejidad del sistema hídrico en este espacio y la dispersión de agentes que influyen en su gestión, es necesario coordinar la toma de decisiones a través de un órgano conjunto que dirija la gestión de manera integrada, considerando criterios agrícolas, ambientales y otros usos del territorio.
