La mayoría de la sociedad española vivimos sometidas a una triple presión cuyo resultado es que una parte de nuestras rentas desaparezca de nuestros bolsillos para pasar a otras manos. Primero, una legislación impuesta desde 2010, con la reforma laboral y de las pensiones, recortes en sanidad y educación, todo con la excusa de la...
La mayoría de la sociedad española vivimos sometidas a una triple presión cuyo resultado es que una parte de nuestras rentas desaparezca de nuestros bolsillos para pasar a otras manos. Primero, una legislación impuesta desde 2010, con la reforma laboral y de las pensiones, recortes en sanidad y educación, todo con la excusa de la reducción del déficit. Una legislación que establece un aumento estructural de la desigualdad hasta hacer aparecer y cronificarse la figura de los “trabajadores pobres”. Segundo, una batería legislativa, encabezada por la Ley Mordaza, que busca maniatar la inevitable respuesta a los recortes.
Y ahora aparece el tercer factor: los nuevos tijeretazos justificados bajo la respuesta a la nueva recesión. Ya lo estamos comprobando. Ante los tambores que anuncian una nueva recesión, todos los organismos internacionales y expertos coinciden en que va a ser necesario que los países europeos impulsen programas de reactivación que van a exigir un aumento del gasto público. Así se ha hecho Alemania anunciando un programa de más de 50.000 millones de euros.
Pero ¿todos los países deben hacerlo? No. Explícitamente se afirma que España tiene vetado este camino. La razón no está en motivos “económicos”, dado que el crecimiento español será menor del previsto pero mayor que la media europea, y muy superior al de Alemania o Italia. Se utiliza la elevada deuda pública española -que supera el 98% del PIB- y la necesidad de seguir reduciendo el déficit para justificar que “España no puede gastar como otros”. Sin embargo ya en 2008 la deuda pública española estaba en la mínima cota del 36% del PIB y no había déficit sino superávit, y a pesar de ello dos años después se nos impuso la mayor oleada de recortes.
¿Cuál es entonces la causa de que se exija a España mano dura con las cuentas mientras se ofrece flexibilidad a otros? El FMI, es decir Washington, es quien señala el camino, exigiendo a España “una reconstrucción gradual de su colchón fiscal”, que deberá realizarse con un “ajuste de los gastos”, es decir, con nuevos recortes. Inmediatamente le ha seguido la Comisión Europea, planteando que “España se queda sin margen fiscal para afrontar la ralentización” y colocando a las pensiones en la diana al afirmar que “con su coste de 150.000 millones, meterá presión sobre las cuentas públicas”. Mientras el Banco de España lo ha remarcado situando como algo “insostenible” que “para 2050 se prevea un aumento del gasto de 36.000 millones en pensiones y 24.000 millones en sanidad”.
Sobre la base del bocado ya dado a partir de 2010, se quiere reforzar la presión con motivo de la nueva recesión para justificar los nuevos saltos en el saqueo a la población y en el expolio de las riquezas nacionales.
Y la otra cara de la misma moneda son quienes promueven la división y el enfrentamiento, entre Cataluña y el resto de España, porque trabajan para los mismos depredadores extranjeros. Porque un pueblo dividido se puede expoliar más fácilmente. Por ello, quienes degradan el país, divulgando la imagen de una “España franquista”, contribuyen a debilitar la posición internacional de España para que quienes pretenden apretar más la presión contra la población tengan mejores condiciones. Conviene no olvidarlo en los días venideros.
Lo que España necesita para afrontar la recesión es justo lo contrario. Existe una forma de decidir la política que España necesita: hacer lo contrario de lo que nos exigen los grandes centros de poder mundiales y nacionales. Nos quieren imponer que no destinemos, para reactivar la economía, los recursos que ellos quieren para reducir el déficit y la deuda. Y en realidad lo que precisamos es un plan de choque de inversión para reindustrializar el país, creando riqueza y empleo. Un plan financiado con una redistribución real de la riqueza, que por ejemplo imponga a la gran banca la devolución del rescate bancario.
Se pretenden que paguemos la deuda recortando en sanidad o en ayudas sociales. Y lo que debemos hacer es acabar con el atraco de la deuda, imponiendo una moratoria en el pago de intereses, para destinar esos recursos a revertir los recortes sociales. Nos exigen recortar las pensiones públicas para aumentar el negocio de las pensiones privadas. Frente a esto, hay que blindar las pensiones en la Constitución, para que nadie pueda recortarlas ni privatizarlas. Este es el programa que necesitamos.
Eduardo Madroñal Pedraza
