En el texto aprobado por el Consell se contempla la posibilidad de que las universidades establezcan un complemento específico para parte del profesorado asociado, pero desde la UJI "ya han anunciado que no disponen de fondos para implementarlo".
Los miembros de Professorat Precari al Claustre, representantes de los profesores temporales y asociados en la Universitat Jaume I (UJI), han emitido una denuncia en la que señalan que el convenio colectivo que debía entrar en vigor en 2019 no supuso ninguna mejora significativa en sus condiciones laborales y en la lucha contra la discriminación, más allá de simples ajustes en las escalas salariales que se aprobaron con cuatro años de retraso, ignorando así las demandas relacionadas con la discriminación laboral y retributiva.
Según ha informado la organización en un comunicado, desde hace años se ha estado solicitando un salario digno equivalente al de un profesor universitario por el mismo trabajo, tanto en salario base como en complementos e incentivos, basándose en el principio de «igual trabajo, igual salario». Lamentablemente, esta situación perpetúa la precariedad laboral en la universidad pública.
Ante la aprobación de la modificación del Decreto 174/2002 que regula las remuneraciones del personal laboral y los complementos del profesorado universitario, han destacado que la supuesta mejora salarial que el Consell y las universidades presentan como un «éxito» en realidad se trata de una nueva tabla salarial que solo iguala el salario de todos los profesores asociados de la Comunitat Valenciana.
En este sentido, han señalado que en la UJI se percibía un 30 por ciento menos de salario en comparación con la Universidad de Alicante, y que en la práctica, esto significa pasar de cobrar seis euros por hora trabajada a ocho euros, con salarios que oscilan entre los 400 y los 800 euros.
Además, han resaltado que estas nuevas remuneraciones fueron prometidas y acordadas en 2019 antes de las elecciones autonómicas de ese año, por lo que se han aprobado ahora con un retraso de cuatro años, sin que los líderes políticos y universitarios se hagan responsables de los aumentos prometidos, que supondrían entre 1.200 y 2.400 euros anuales por profesor, ni busquen fórmulas a través de incentivos o complementos para compensarlos. Esto ha generado frustración, cansancio y decepción ante las promesas incumplidas y la falta de empatía y respuesta por parte de los dirigentes de la UJI.
Pérdida de poder adquisitivo entre el profesorado universitario
En relación a la actualización de las escalas salariales, han expresado que «a pesar de un aumento del 9% para su ajuste, la inflación durante ese periodo ha sido del 14% y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional del 20%», lo que ha resultado en una pérdida de poder adquisitivo para los profesores peor remunerados en la universidad pública.
Hemos vuelto a presenciar por acción u omisión que los dirigentes de la UJI y la Generalitat no consideran la figura del profesor universitario asociado como una de sus prioridades.
Han denunciado.
Los profesores han enfatizado que el convenio colectivo que debía entrar en vigor en 2019 no ha mejorado sus condiciones laborales ni ha abordado la discriminación, más allá de simples ajustes en las escalas salariales que se han aprobado ahora, ignorando así sus reclamos relacionados con la discriminación laboral y retributiva.
En el texto aprobado por el Consell se contempla la posibilidad de que las universidades establezcan un complemento específico para parte del profesorado asociado, pero desde la UJI «ya han anunciado que no disponen de fondos para implementarlo y no está en sus planes otorgarlo», han lamentado los representantes de Professorat Precari al Claustre.
LOSU
Además, han señalado que la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) «requerirá una reestructuración completa de las necesidades docentes y afectará directamente a la situación del profesorado asociado, que representa más del 40% del cuerpo docente y cubre un tercio de la docencia de los grados en la UJI».
Professorat Precari al Claustre ha expresado su «preocupación» tras la aprobación de la LOSU, ya que implica una reducción «drástica» de las horas máximas de trabajo permitidas para los profesores asociados a partir del curso 2024/25. Además, se extinguirán sus contratos y deberán concursar para poder continuar en la universidad, a pesar de que muchos de ellos llevan años trabajando con contratos anuales, lo cual se considera un fraude a la ley.
Mientras que actualmente existen cuatro categorías de profesores asociados según las horas de trabajo docente contratadas, la LOSU solo permitirá contratos de seis u ocho horas como máximo, aunque en formato indefinido a tiempo parcial, lo que implicará para algunos profesores una reducción de su carga de trabajo y salario a la mitad.
La Plataforma de Profesorado Asociado de la UJI ha valorado que tanto los sindicatos como el vicerrector de profesorado, Ximo Beltrán, les hayan informado sobre los cambios que se avecinan y que este último se haya mostrado dispuesto a trabajar de manera activa y colaborativa para que la mayoría de los profesores asociados actuales puedan permanecer en la universidad con nuevos contratos indefinidos para el curso 2024-2025.
Sin embargo, en lo que respecta a la mejora de las condiciones laborales y los derechos de los profesores asociados en asuntos de competencia de la institución académica, han criticado que los dirigentes de la UJI «no han cumplido su compromiso de darles forma mediante propuestas específicas». Además, han censurado la falta de interés por parte de los dirigentes hacia la situación de los profesores en huelga indefinida, ignorando tanto las circunstancias como el seguimiento de la misma.
