El fiscal de la causa ha expresado su pesar al señalar que los acusados han menospreciado el hecho de que el dinero del que se han apropiado proviene de fondos públicos, específicamente de la Diputación, la Generalitat y, en última instancia, de todos los ciudadanos españoles y valencianos.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su acusación en las piezas B y F del caso Imelsa, en la cual encontramos varias frases contundentes: «Imelsa y Ciegsa es la historia de una traición de interés público en beneficio propio»; «Asusta pensar todo lo que han podido hacer los acusados con el dinero que gestionaban»; «Se han asaltado dos empresas sin ningún tipo de escrúpulo: Imelsa y Ciegsa». Además, se ha señalado que este «fraude» fue «controlado» por el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus.
Durante la vista celebrada en la Audiencia de Valencia por este asunto, el fiscal ha presentado su informe de conclusiones en el que se ha abordado el caso que involucra a 25 acusados (inicialmente eran 26, pero se acordó dejar a uno de ellos para un procedimiento separado). De los 25 acusados, once han reconocido los hechos delictivos y han alcanzado un acuerdo con las acusaciones.
Alfonso Rus es uno de los acusados que no ha reconocido los hechos y para quien la Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de prisión, la misma que para el exgerente de la empresa pública Marcos Benavent, quien se autodenominó «yonki del dinero». En el banquillo también se encuentran el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado del PSPV, Rafael Rubio, quien se enfrenta a una pena de seis años, y el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, quien se enfrenta a una pena de 12 años.
Durante la audiencia, el fiscal ha citado textualmente:
235 millones. Ésta es la cantidad que ha gestionado Benavent y sus compañeros en el delito, es decir, casi 40 millones anuales. Asusta pensar todo lo que han podido hacer con este dinero.
Además, el fiscal ha agregado: «Se han asaltado dos empresas sin ningún tipo de escrúpulo: Imelsa en mayor medida y Ciegsa en menor medida».
El fiscal ha criticado la gestión de fondos poco ética de Benavent en relación a Imelsa, una empresa del sector público encargada de fomentar el desarrollo socioeconómico de los municipios. Se han mencionado varias actividades delictivas, como la contratación de trabajadores y asesores que no trabajaban, la manipulación de contratos laborales para proteger a los empleados, y la contratación de personal sin seguir los principios de acceso al empleo público.
Además, se señaló que no se respetaron los principios de contratación establecidos en la Ley de Presupuestos del Estado para la contratación de nuevos trabajadores en Imelsa, y que la existencia de una lista de puestos de trabajo en la empresa era fundamental. Se encontró que hubo una cesión ilegal de trabajadores, la contratación de asesores de manera ilegal, y el pago de productividad y dietas sin justificación.
Una relación muy especial.
Tras exponer las posibles infracciones detectadas en Imelsa y Ciegsa, el fiscal ha centrado su atención en analizar el rol desempeñado por cada uno de los acusados. En el caso de Rus, el fiscal ha resaltado la relación «especial» que tenía con Benavent, Caturla y Emilio Llopis, quien fue su jefe de gabinete en aquel entonces. «Después de ganar en 2004, se unieron estrechamente y en 2007, Rus llegó a la presidencia de la Diputación», explicó el fiscal.
En este sentido, el fiscal hizo referencia a varios archivos de audio que se encuentran en el expediente, en los que se escucha a Benavent afirmar que él obedecía a Rus y que éste tomaba todas las decisiones importantes: «Estos archivos de audio demuestran que Rus debía aprobar los nombramientos y los contratos», indicó el fiscal. Además, el fiscal añadió: «Rus era quien lideraba por su influencia política, personalidad y carácter. Él daba las órdenes y los demás se sometían a su autoridad».
El fiscal ha criticado a Rus por negarse a responder a sus preguntas durante su declaración, limitándose a hablar solo con su abogado. El ministerio público se ha preguntado por qué Rus no respondió a las preguntas del fiscal, especialmente sobre el dinero que manejaba con Benavent, que podía ser de dos o tres millones de euros. El fiscal ha expresado su decepción por la falta de explicaciones de Rus a las personas que lo apoyaron durante sus ocho años en el poder.
El fiscal ha acusado a Rus de contratar irregularmente a un jugador del Xàtiva y a otros asesores que no cumplían realmente con los requisitos. «Él no los contrataba porque no tenía competencia, y la persona con la autoridad directa era Benavent. Benavent obedecía a su amo, que era Rus. Si Rus le ordenaba contratar a alguien, lo contrataba», ha explicado el fiscal. «Rus, a través de sus hombres de confianza, controlaba todo lo que pasaba en Imelsa y Ciegsa. Conocía, sabía y controlaba toda la actividad delictiva», ha añadido.
La declaración mas creible.
El fiscal ha destacado la dificultad de explicar la «transformación tan radical» de Benavent, quien colaboró con la Fiscalía durante años destapando irregularidades, pero cambió su versión después de cambiar de abogado hace un año. Durante el juicio, Benavent declaró que todos los acusados eran grandes profesionales, mientras que durante la instrucción aseguró lo contrario. El fiscal considera más creíble su declaración durante la instrucción, ya que nadie lo presionó y dijo «verdades como puños».
En cuanto a Rafael Rubio, consejero del PSPV en Imelsa, el fiscal ha señalado que tanto el PSPV como el PP se beneficiaron de Imelsa. Respecto a uno de los asesores que trabajaban bajo su mando, el fiscal ha indicado que si realmente trabajó, lo hizo para Rubio como persona privada en el ámbito de la Diputación, y que Rubio lo utilizó para su trabajo en la Diputación.
En cuanto a Caturla, el fiscal ha destacado que era el que tenía el «protagonismo absoluto» en Ciegsa y que su relación con Rus se fraguó en 2004. También ha señalado que Caturla propuso la creación de cargos para los acusados, algunos de los cuales no trabajaban en la empresa pública.
Las grabaciones como prueba.
Durante su informe, el fiscal ha abordado la cuestión de la nulidad solicitada por las defensas en relación a la obtención y cadena de custodia de las grabaciones que dieron origen al procedimiento del caso Imelsa.
El fiscal ha señalado que esta cuestión ya fue resuelta en la sentencia del primer juicio y ha reiterado que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad de Benavent y que no existen irregularidades en la cadena de custodia de los pen drives que contenían las grabaciones.
En cuanto al derecho a la intimidad de Benavent, el fiscal ha afirmado que en ningún momento ha alegado que se haya visto afectado en el procedimiento ni ha negado la veracidad de los datos. Además, ha destacado que renunció a su intimidad hace nueve o diez años y que no puede recuperarla después. También ha resaltado que no solicitó el disco duro que contenía las grabaciones desde su divorcio en enero de 2010 hasta su declaración en el juzgado en 2015, lo que a juicio del fiscal, indica una «dejadez absoluta» de su derecho a la intimidad.
En relación con la cadena de custodia, ha señalado que el exsuegro de Benavent se hizo con las grabaciones almacenadas en un disco duro externo del ordenador que se ubicaba en la casa que había donado a su hija y éste se las entregó a la exdiputada y actual consellera Rosa Pérez. Estos pen drives llegaron a Fiscalía y al juzgado y se hizo un volcado de los mismos por auto judicial. «No se observó ningún audio alterado», ha apuntado para lamentar que Benavent «nunca ha dicho donde están las grabaciones originales y tampoco las ha aportado para poder estudiar si fueron manipuladas, tal y como sostiene». Ante estos hechos, el fiscal ha pedido para esta causa penas «que se correspondan con la gravedad de los hechos».
