Se ha alertado sobre la participación de jóvenes de 14 años en encierros en Aragón y al menos cuatro incidentes con adolescentes en la Comunidad Valenciana.
La Fundación Franz Weber ha expresado su «preocupación» ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas por los «incumplimientos» que se están produciendo en España en relación con los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la tauromaquia.
Como ONG con estatus consultivo ante este organismo, la fundación ha señalado que existen situaciones «dañinas para la integridad física y moral» de los menores, como las «ofertas de acceso a novilladas» y «corridas de toros dirigidas incluso a niños menores de seis años«.
Además, ha advertido sobre la participación de jóvenes de 14 años en encierros en comunidades como Aragón, así como de al menos cuatro incidentes que han involucrado a adolescentes en la Comunidad Valenciana.
La Fundación Franz Weber recuerda que estas preocupaciones no son nuevas; en 2018, el Comité de Derechos del Niño ya incluyó en su revisión a España una recomendación relacionada con la tauromaquia. Este organismo sugirió al Estado que prohibiera la participación de menores de 18 años como toreros y espectadores en corridas de toros, con el fin de prevenir los efectos perjudiciales de esta práctica en los niños.
La fundación lamenta que, tras varios años y con un nuevo proceso de examen del Estado español en curso, tanto el «Gobierno central» como la mayoría de las comunidades autónomas hayan hecho «caso omiso» a esta advertencia.
En su Informe Alternativo, la Fundación Franz Weber incluye «decenas de casos» que evidencian la participación directa de menores, desde su implicación en «tentaderos privados a la edad de cuatro años» hasta «promociones diseñadas para involucrarlos en las plazas».
Citando estudios de psicólogos, criminólogos y sociólogos, la fundación señala que la exposición de los menores a contenidos violentos puede provocar «efectos traumáticos», «alteraciones en su comportamiento» y, en última instancia, «contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión«.
