La concejala de Vivienda denuncia que estas sociedades han expulsado a 80 familias de antiguas VPO del Raval Universitario y que eluden contestar a los requerimientos de los inquilinos
La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón, María Jesús Garrido, valora que el Pleno Municipal de este jueves ha refrendado la moción de Podem-EUPV que refuerza a la Concejalía para que ayude legalmente a los inquilinos de alquileres en sus conflictos con los fondos buitre.
La regidora ha subrayado que las prácticas de estas sociedades han expulsado del Raval Universitario a 80 familias y ha resaltado la necesidad de que el Ayuntamiento medie ante la falta de interlocutor en los fondos de inversión, “que eluden contestar a los requerimientos de los vecinos o hacen dejación de funciones en el mantenimiento de las zonas comunes”. “Desde la Concejalía de Vivienda hemos traído al pleno esta moción para denunciar las prácticas de los fondos buitres en alquileres de la ciudad y conseguir un compromiso del pleno para que el Ayuntamiento apoye a los inquilinos que se enfrentan con estas sociedades», ha explicado la representante de la confluencia, María Jesús Garrido, que ha indicado que esta moción parte de la PAH y el Sindicato de Inquilinos. La moción de Podem-EUPV ha sido secundada por el PSPV y Compromís, mientras el PP se ha abstenido y Ciudadanos y VOX han votado en contra.
Ha criticado que estos fondos han adquirido en el último año antiguas VPO en el Raval Universitario a «precios irrisorios» duplicando el precio del alquiler o no renovando los contratos, y ha subrayado que «estas prácticas especulativas» «no se pueden consentir desde la Administración».
La concejalía ya está mediando y con la moción del pleno quiere enviar «una señal inequívoca a los fondos buitre». Ante la propuesta del PP de negociar con los propietarios e inquilinos ofreciendo ayudas al alquiler, afirma que el problema con los fondos buitre es que no se puede localizar un interlocutor mientras, según tiene constancia por el Sindicato de Inquilinos, hay residentes que no han renovado contrato y no pueden optar a prestaciones públicas hasta que no regularicen su situación. De hecho, añade que están obviando contestar a las las obligaciones que contempla el Decreto de Emergencia del Gobierno.
