El Congreso aprobará y mandará este miércoles al Senado la proposición de ley que crea un fondo para compensar a víctimas del amianto por daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición "en campo laboral, familiar o ambiental".
Conforme el texto resultante de la comunicación, el fondo prevé compensaciones tanto a trabajadores, con enfermedad profesional reconocida por esta exposición, como a otras personas que la hayan sufrido en otros ambientes, y que el amianto sea «causa principal o coadyudante» de su enfermedad. Asimismo las personas herederas que dependiesen a nivel económico de la víctima.
Se trata de una normativa que tiene su origen en el Parlamento Vasco y, para sacar adelante en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -desde la que se remitirá de forma directa al Senado- el Partido Socialista y Unidas Podemos van a contar de manera previsible con el aval de ERC, PNV y EH-Bildu, aparte de Compromís y la CUP.
La nueva ley no define las compensaciones, que van a deber fijarse reglamentariamente, mas sí específica su financiación mediante las trasferencias anuales en los Presupuestos Generales del Estado, las cantidades que se consigan por medio de las reclamaciones judiciales, y las aportaciones por sanciones por incumplimientos de salud laboral derivadas del amianto.
Por último, el fondo no va a suponer un recargo de cotizaciones o las aportaciones de las mutuas, como planteaba la Cámara Vasca, mas ampliará los posibles adjudicatarios, ya que en un primer instante el Partido Socialista deseaba limitarlo a personas que tuviesen una incapacidad permanente de, cuando menos, un treinta y tres por ciento sin derecho a ninguna pensión o prestación.
El texto legislativo prevé que en el plazo de 3 meses desde la presentación de la petición, el Instituto Nacional de la Seguridad Social elaborará una propuesta de resolución, señalando la evaluación establecida sobre la enfermedad, las lesiones, su causa, discapacidad que se reconoce y compensación que corresponde.
En el caso de que el demandante admita la propuesta, el fondo de compensación encauzará todas y cada una de las acciones y derechos que correspondan a los adjudicatarios y, de lo contrario, se va a poder presentar recurso administrativo.
La puesta en marcha del fondo deberá aguardar a la aprobación de su desarrollo normativo, que aparte de acotar las compensaciones asimismo determinará quién se encarga de valorar, diagnosticar y determinar las causas de la enfermedad. Para su aprobación, el Congreso ha fijado un plazo de 3 meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
