Había alimentos con fechas de consumo preferente manipuladas, otros con fechas de caducidad vencidas y algunos en estado de deterioro.
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación llamada Mahala en la que se ha incautado de más de 34.000 kilos de alimentos que no cumplían los estándares adecuados para el consumo humano. Estos alimentos estaban destinados a España y Portugal y fueron descubiertos tras una serie de inspecciones realizadas en las provincias de Alicante, Madrid y Málaga.
Entre los productos confiscados se encontraban alimentos con fechas de consumo preferente manipuladas, otros con fechas de caducidad vencidas y algunos en estado de deterioro.
En el marco de esta operación, cuyo objetivo es combatir la falsificación, venta, etiquetado y distribución ilegal de productos alimenticios, así como el fraude económico, se ha investigado al responsable de una sociedad y se ha denunciado a otra persona por un delito de fraude alimentario relacionado con el mercado y los consumidores, según informa la Guardia Civil.
La operación se puso en marcha el 23 de mayo cuando la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Alicante (PACPRONA), en su labor investigativa, obtuvo información sobre posibles irregularidades cometidas por dos sociedades mercantiles. Para esclarecer estos hechos, se inició la operación.
En una primera fase, los agentes localizaron dos naves industriales en la localidad alicantina de Torrevieja, pertenecientes a las sociedades bajo investigación, donde supuestamente se comercializaban productos alimenticios caducados que luego eran distribuidos en España y Portugal.
Además, se descubrió que había otros dos establecimientos en las localidades de Coslada (Madrid) y Marbella (Málaga), pertenecientes a una de las sociedades, donde se llevaban a cabo las mismas prácticas irregulares.
En junio, una vez que se habían identificado todos los establecimientos y se había confirmado su actividad, se procedió a la ejecución de la operación.
Los agentes, con el apoyo de las patrullas del SEPRONA de Guardamar (Alicante) y Daganzo (Madrid), llevaron a cabo inspecciones simultáneas en los establecimientos de Torrevieja y Coslada. Posteriormente, el SEPRONA de Marbella realizó otra inspección en el establecimiento de esa localidad.
Durante estas actuaciones, se descubrieron y confiscaron alimentos cuyas fechas de consumo preferente habían sido manipuladas, así como otros productos vencidos y en mal estado de conservación, todos dispuestos para su venta y distribución.
Finalmente, el 5 de julio, junto con todas las pruebas que confirmaban la responsabilidad del gerente de una de las sociedades, se procedió a su investigación por un delito relacionado con el mercado y los consumidores por fraude alimentario. A la otra sociedad bajo investigación se le presentaron denuncias por infracciones administrativas, las cuales fueron remitidas a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat.
Las diligencias se han entregado al Juzgado de Instrucción 4 de Torrevieja.
Todos los alimentos decomisados han sido destruidos por un gestor de residuos autorizado.
Estas acciones han permitido retirar más de 34.000 kilos de alimentos del mercado que no cumplían con las condiciones necesarias para el consumo humano, evitando así un riesgo potencial para la salud pública.
