El Seprona de la Guardia Civil de Alicante intervino a lo largo del mes de junio una tonelada de productos pesqueros, frescos y congelados, en múltiples inspecciones efectuadas en diferentes establecimientos de Alicante capital, Altea y Elche.
El pescado intervenido, que estaba destinado a su comercialización, fue retirado por no cumplir con los requisitos establecidos, conforme ha informado el instituto armado en un comunicado.
A lo largo del mes de junio, el Seprona de Alicante efectuó numerosas inspecciones en diferentes establecimientos de comercio y hostelería dedicados a la venta de pescado, con el propósito de asegurar la calidad de la mercadería a los usuarios, como resguardar tanto el medio natural como la supervivencia de las diferentes especies.
Las inspecciones, esta vez, se han llevado a cabo en Alicante capital, Altea, Elche, Santa Pola y Teulada. En ciertas de estas comprobaciones, los agentes advirtieron diferentes infracciones. Entre ellas, encontraron dos establecimientos de almacenaje, distribución y transformación de productos pesqueros que carecían de autorización ni registro sanitario para desarrollar la actividad.
En uno de estos establecimientos, la autorización había sido suspendida por la autoridad sanitaria por haber dejado de reunir los requisitos preceptivos de calidad sanitaria, conforme la Guardia Civil.
En lo que se refiere a los establecimientos de hostelería, en dos de los inspeccionados, los agentes advirtieron en el almacenaje de los productos alimentarios la falta de etiquetado o cualquier otra trazabilidad con la que poder determinar su origen y condiciones para el consumo.
En las actuaciones, los agentes intervinieron más de una tonelada de productos, tanto frescos como congelados, de atún rojo, musola, pulpo, calamar, sardina, quisquilla, y langostino. El producto utilizable se entregó a centros benéficos para su consumo, tras pasar los pertinentes controles de calidad y el resto fue destruido.
Los infractores, los responsables de dos almacenes de Alicante y Altea, y dos restaurantes de Elche, fueron denunciados. Las infracciones observadas están clasificadas como graves, por lo que acarrean posibles sanciones de entre 601 a 30.000 euros.
Los expedientes instruidos han sido remitidos a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica del pescado intervenido y, en su caso, a la de Sanidad y Salud Pública. Estas inspecciones se hacen en el marco del Plan Anual de Control e Inspección de las Actividades Pesqueras (PACIAP).
Los Guardias Civiles las efectúan de forma periódica y tienen como finalidad el control de los productos de la pesca para un aprovechamiento sostenible. Estos controles determinan la legalidad del origen y las condiciones sanitarias de los diferentes productos destinados al consumo. Los productos caducos, entre otros muchos controles, se someten a una rigurosa vigilancia de la cadena de frío, para eludir su deterioro.
