Tras el rechazo de la lonja de Torrevieja por incumplir la normativa de comercialización, el patrón se dirigió a la lonja de San Pedro del Pinatar.
En el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Plan PACIAP), la Guardia Civil ha denunciado al patrón de una embarcación pesquera por presuntamente comercializar boquerón inmaduro, infringiendo así la normativa de sostenibilidad de especies marinas.
La investigación se inició hace varios meses cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil recibió información sobre una embarcación que estaría vendiendo pescado de talla inferior a la permitida. Tras verificar la información, SEPRONA comenzó a seguir de cerca el barco.
El pasado martes, la patrulla de SEPRONA de Monóvar recibió un aviso sobre una posible descarga de pescado inmaduro en la lonja de Torrevieja. Cuando los agentes llegaron, el barco en cuestión ya había abandonado el puerto luego de que la lonja rechazara la mercancía por no cumplir con la normativa de comercialización. Los primeros indicios apuntan a que el patrón de la embarcación se dirigió hacia la lonja de San Pedro del Pinatar, en Murcia.
Los agentes confirmaron que la embarcación atracó en San Pedro del Pinatar. Ante la sospecha de una posible descarga ilegal en este puerto, los agentes, en colaboración con el inspector del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, inspeccionaron la lonja a las 15:30 horas. Durante la revisión, encontraron una cámara de almacenamiento cerrada con siete cubetas de boquerón sin documentación. Un trabajador de la lonja indicó que el pescado pertenecía a la embarcación investigada y, al no cumplir con la talla mínima, estaba destinado a la producción de harina de pescado, lo cual había sido notificado al responsable de la lonja. Un análisis de las cubetas reveló un promedio de 146,7 ejemplares por kilogramo, superando el límite permitido de 125 ejemplares. En total, se incautaron 1.901 kilogramos de boquerón inmaduro, constituyendo la mayor incautación de este tipo en la provincia de Alicante por parte de la Guardia Civil.
Además, se comprobó que el patrón de la embarcación había informado a la Delegación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Murcia solo sobre movimientos básicos entre puertos, omitiendo la inclusión de tallas ilegales en su carga. Esta falta de transparencia apuntaba a una posible comercialización fuera del mercado legal.
Como resultado, las capturas fueron inmovilizadas y destinadas a destrucción debido a su rápida descomposición. Por estos hechos, el patrón de la embarcación podría enfrentarse a sanciones de hasta 60.000 euros.
La Guardia Civil reafirma su compromiso con la vigilancia de la normativa pesquera para preservar los recursos marinos, fomentar el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos a largo plazo y asegurar la legalidad en la cadena de comercialización de estas especies.
