Las cámaras frigoríficas almacenaban productos caducados, los cuales fueron etiquetados con fechas falsificadas para alargar su vida útil y poder venderlos.
La Guardia Civil está llevando a cabo una investigación sobre dos personas físicas y dos empresas por presunta distribución de alimentos en mal estado o con irregularidades en su trazabilidad en los municipios de Sant Vicent del Raspeig y San Isidro, en Alicante. En total, se han retirado del mercado 40 toneladas de productos, principalmente carnes, que presuntamente habrían acabado en puestos de venta ambulante.
Según ha informado el instituto armado, la investigación comenzó en abril, cuando una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Alicante llevó a cabo diversas inspecciones para combatir el fraude alimentario, centrándose en prácticas ilegales como la falsificación, adulteración, etiquetado fraudulento, comercio y distribución irregular de productos.
Durante una inspección en una empresa de Sant Vicent del Raspeig, dedicada a la producción de hamburguesas y kebabs, los agentes detectaron varias irregularidades, tales como materias primas sin trazabilidad para identificar su origen, así como productos cárnicos y especias caducadas. Además, en una nave relacionada con esta empresa se descubrió que operaba de manera clandestina. En su interior, las cámaras frigoríficas contenían productos caducados que habían sido etiquetados con fechas falsificadas para extender su vida útil y poder comercializarlos. Algunos de estos alimentos habrían estado congelados durante más de dos años.
Las inspecciones, realizadas junto al Servicio de Inspección de Calidad Alimentaria del Centro de Salud Pública de Alicante, dieron como resultado la destrucción de los productos intervenidos, que fueron gestionados por un gestor autorizado.
Por otro lado, en septiembre se realizó una nueva inspección en un centro de almacenamiento en San Isidro, donde se descubrieron nuevas irregularidades en los alimentos almacenados por otra empresa de Alicante. Estas irregularidades estaban relacionadas con la trazabilidad, el etiquetado y la caducidad de los productos.
Como consecuencia de estas investigaciones, los propietarios de las dos empresas implicadas, dos hombres de 44 y 54 años, han sido investigados por presuntos delitos contra la salud pública, en relación con el mercado, los consumidores y la falsedad documental.
En noviembre, una vez que los agentes finalizaron el atestado, remitieron las diligencias al Decanato del Partido Judicial de Sant Vicent del Raspeig. Además, todas las infracciones detectadas han sido notificadas a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.
