El análisis exhaustivo de tres años financieros a nivel nacional ha revelado supuestas irregularidades en la justificación de ayudas mediante la utilización de documentos falsos y un sofisticado sistema de falsificación de firmas.
Los agentes de la Policía Nacional han descubierto un fraude en las subvenciones europeas para el sector rural, que fue investigado en el marco de un Procedimiento de Investigación de la Fiscalía Europea y supervisado por un juez de garantías de la Audiencia Nacional. La investigación se inició en un Juzgado de Instrucción de Sevilla.
De acuerdo con la Policía Nacional, 42 personas están siendo investigadas sin haber sido detenidas y se han realizado dos registros en la sede nacional en Madrid y en la regional de Andalucía. Además, se han solicitado siete requerimientos de información en las regionales de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunitat Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña.
El análisis exhaustivo de tres años financieros a nivel nacional ha revelado supuestas irregularidades en la justificación de ayudas mediante la utilización de documentos falsos y un sofisticado sistema de falsificación de firmas, según los informes de los investigadores.
La investigación, en la que participó la Intervención General de la Administración del Estado, es la primera operación de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.
La investigación se inició a petición de un Juzgado de Instrucción en Sevilla, que posteriormente remitió los procedimientos a la Fiscalía Europea, y surgió de una denuncia contra un sindicato agrario de ámbito nacional. La denuncia se refería a la utilización de documentos falsos para justificar actividades no realizadas que estaban subvencionadas.
El análisis exhaustivo de tres estados financieros a nivel nacional ha revelado presuntas irregularidades en la justificación de subvenciones europeas. Los investigadores descubrieron que se utilizó un sistema avanzado de falsificación de firmas en los documentos que componían el expediente.
A medida que la investigación avanzaba, los agentes de la Policía Nacional encontraron un presunto fraude en la justificación de subvenciones, financiadas con fondos europeos, que habían sido otorgadas por la Dirección General de Migraciones entre 2018 y 2020. Estas ayudas estaban destinadas a brindar atención a ciudadanos extranjeros en España en cuestiones relacionadas con la organización y coordinación de contratos, asesoramiento en información sociolaboral y visitas a alojamientos.
La investigación ha sido compleja debido a su amplia extensión temporal, su alcance nacional, el grupo afectado y la naturaleza de los fondos en cuestión. La Intervención General de la Administración del Estado ha ayudado en la exhaustiva revisión de documentos y análisis de datos.
Esta es la primera operación de este tipo llevada a cabo en todo el país y supervisada por la recién creada Fiscalía Europea en lo que respecta a fraude en subvenciones europeas. Hay 42 personas bajo investigación sin detención y se han realizado registros en las oficinas nacionales en Madrid y en la región de Andalucía, así como requerimientos de información en las oficinas regionales de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña.
