Este trágico suceso causó la muerte de una mujer de 54 años y un menor de 14 años de Morella.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs ha ordenado la declaración como investigados de varios técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de Arquitectos de Castellón en el marco de la investigación por el derrumbe de un edificio en la urbanización Font Nova, ocurrido en agosto de 2021.
Un edificio de 55 viviendas ubicado en una urbanización turística de Peñíscola, Castellón, se derrumbó en cuestión de segundos, como si se tratara de un frágil castillo de naipes, atrapando a tres personas que residían en el mismo apartamento. Entre las víctimas se encontraba un joven de 26 años, rescatado con vida durante la madrugada del miércoles al jueves que tuvo que ser ingresado en la UCI del Hospital de Vinaròs; un adolescente de 14 años, originario de Morella, cuyo cuerpo sin vida fue recuperado en la mañana del jueves; y una mujer, cuyo cuerpo fue hallado sin vida bajo los escombros en la tarde del jueves por los equipos de rescate, compuestos por 140 efectivos que trabajaron en las labores de salvamento.
El colapso afectó a un total de dieciocho viviendas y obligó a evacuar a los 300 residentes que se encontraban en el edificio en el momento del derrumbe.
Alberto Rubio, quien entonces ocupaba el cargo de director general de Calidad y Rehabilitación de la Conselleria de Vivienda, explicó que el desplome fue «muy rápido» y ocurrió «en cascada». Según detalló, el fallo estructural comenzó cuando cedió uno de los muros de carga, lo que arrastró los forjados y provocó el colapso progresivo del resto de los elementos estructurales, generando un efecto dominó.
Este trágico suceso causó la muerte de una mujer de 54 años y un menor de 14.
Investigados varios técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de Arquitectos de Castellón
Según un auto, la jueza ha respondido a un recurso de reforma presentado por la comunidad de propietarios Patios Fase V, que solicitó la ampliación de las diligencias previas para incluir como investigados a los técnicos municipales y al Colegio de Arquitectos. Esta decisión revoca parcialmente una resolución previa, dictada el 8 de enero de 2025, en la que se habían acordado otras diligencias sin imputar a dichos organismos.
La magistrada considera ahora imprescindible tomar declaración a los técnicos que participaron en la concesión de la licencia de obras y de primera ocupación del edificio, con el fin de determinar si hubo actuaciones negligentes relacionadas con la seguridad estructural del inmueble.
El objetivo es esclarecer si existió desconocimiento o desatención de posibles advertencias sobre el estado del edificio antes de su colapso.
Asimismo, se investigará a la persona responsable de visar el proyecto arquitectónico del edificio. El Juzgado ha requerido al Colegio de Arquitectos de Castellón la documentación pertinente para verificar si el diseño cumplía con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa vigente.
La reapertura de la investigación fue ordenada por la Audiencia Provincial de Castellón en octubre de 2024, tras considerar que el archivo provisional del caso había sido prematuro. Un informe elaborado por la Conselleria de Vivienda reveló que el edificio presentaba deficiencias estructurales graves, incluyendo el uso de materiales de baja calidad y la falta de fidelidad al proyecto original.
Por su parte, la acusación particular, que representa a las familias de las víctimas, ha subrayado la importancia de depurar responsabilidades. “Es fundamental esclarecer este trágico suceso para evitar la impunidad ante posibles negligencias”, han declarado fuentes cercanas al proceso.
Fotografía portada: Archivo – Derrumbe de un edificio en Peñíscola en la Urbanización Font Nova /GVA.
