El juicio forma parte de un proceso judicial iniciado por la asociación de pequeños accionistas 'Sentimiento Albinegro'.
La Audiencia Provincial de Castellón ha dado inicio este martes al juicio contra la sociedad Castellnou 2005, antigua propietaria del Club Deportivo Castellón. Diez acusados, entre ellos altos cargos como el ex consejero delegado Antonio Blasco, se enfrentan a penas de prisión que podrían alcanzar hasta 23 años y medio por su implicación en un caso de malversación y expolio de los recursos económicos del club.
El juicio, que se extenderá hasta el viernes 25 de octubre, se enmarca en una causa judicial iniciada por la asociación de pequeños accionistas ‘Sentimiento Albinegro‘. La Fiscalía acusa a los procesados de haber creado una «trama» para desviar dinero generado por el club, elaborando facturas falsas por servicios y bienes que nunca existieron.
Entre los principales acusados se encuentran Antonio Blasco, a quien se le reclaman 23 años y medio de prisión, y Miguel Ángel Ludeña, ex director general, con una petición de 13 años y medio. Otros nombres destacados incluyen a José Manuel García Osuna, ex máximo accionista, y Álvaro Rodríguez Hessles, ex secretario del club, ambos con peticiones de hasta 10 años de cárcel.
Los cargos contra ellos incluyen cinco delitos de falsedad en documento mercantil, un delito de apropiación indebida, delitos continuados de administración desleal, alzamiento de bienes y malversación de caudales públicos. La gestión de Castellnou 2005 llevó al CD Castellón al descenso administrativo a Tercera división por impagos a los futbolistas y a la entidad a estar al borde de la desaparición en la pasada década.
Los acusados estarían en negociaciones para alcanzar un acuerdo económico que les permita reducir las penas y evitar la prisión. Este acuerdo podría incluir el pago de una indemnización al C.D. Castellón.
Admiten implicación en los hechos
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha iniciado este martes el juicio por el presunto expolio de los recursos financieros del CD Castellón, que se habría llevado a cabo entre 2005 y 2012. Un total de once personas están siendo juzgadas, de las cuales diez enfrentan cargos del fiscal, mientras que tres han sido absueltas debido a la prescripción de los delitos imputados.
Entre los acusados, cinco han admitido su implicación en los hechos, además de otra persona que está siendo procesada por una acusación particular.
Según la acusación del Ministerio Público, durante ese periodo, los imputados habrían establecido una red para desviar fondos generados por el club, lo que resultó en un daño económico considerable. Se les imputa la elaboración de facturas fraudulentas por servicios o bienes inexistentes, la extracción de dinero de las cuentas del club, justificada falsamente como pago de impuestos, así como la entrega de dinero a terceros sin justificación adecuada.
Además, el Ministerio Público sostiene que los acusados manipularon la recaudación de entradas, crearon subvenciones ficticias y eludieron auditorías, entre otras acciones que llevaron al club a incurrir en múltiples incumplimientos con la Agencia Tributaria y a perder subvenciones.
Consecuencias financieras
Este proceso de descapitalización culminó en la suspensión de pagos y en un concurso que resultó en el descenso administrativo del equipo a tercera división. La Fiscalía ha solicitado penas que varían entre 23 años y medio y 2 años y medio de prisión, por delitos que incluyen falsedad en documento mercantil en concurso con apropiación indebida, administración desleal, alzamiento de bienes, falsedad en cuentas anuales y malversación de fondos públicos.
Uno de los acusados, que actuó como administrador solidario de la empresa que poseía las acciones del CD Castellón, declaró que esta compañía adquirió entre el 91% y el 92% de las acciones del club por aproximadamente 600.000 a 700.000 euros. Expresó su desconcierto sobre por qué se le considera el «supuesto hacedor» y la «larga sombra», argumentando que no dio instrucciones ni participó en la elaboración de las cuentas del club.
El acusado también indicó que no tenía constancia de haber hecho préstamos del CD Castellón a esa empresa, y al ser cuestionado sobre operaciones vinculadas, comentó que si se va a condenar a todas las sociedades en España por no declarar este tipo de transacciones, «entonces habría que hacer espacio». También dirigió al fiscal que «está intentando exagerar una situación común».
Cuando el fiscal le preguntó sobre pagos del CD Castellón a una sociedad relacionada con la intermediación de jugadores, el acusado admitió los pagos, pero aclaró que la sociedad en cuestión se dedicaba a fomentar el trabajo en el fútbol base.
Es temerario que se hable de factura falsa por parte del perito y usted recoja el guante.
Añadió al fiscal.
El acusado expresó que no estaba al tanto de lo que sucedía en el club y lamentó que «nadie mencione la crisis económica mundial de 2007-2008 y su impacto en el CD Castellón y en otros clubes».
Otro de los acusados que compareció, quien se desempeñó como secretario del Consejo de Administración del CD Castellón, explicó que su función se limitaba a redactar las actas del consejo, sin involucrarse en las cuentas o la contabilidad del club. Afirmó que desconocía la existencia de facturas y actividades contables y se mostró «sorprendido» al enterarse de ellas. Finalmente, negó haber recibido 132.000 euros del CD Castellón.
