La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno de España el desbloqueo de la modificación de la Ley de Costas y la suspensión de cualquier trámite que conlleve derribos en el litoral
La Diputación Provincial de Castellón exigirá al Gobierno de España que desbloquee la modificación de la Ley de Costas y suspenda cualquier trámite relacionado con derribos en el litoral, como los previstos en Torre la Sal.
La moción presentada por el Gobierno Provincial será debatida en el pleno ordinario de este mes, programado para el martes 21 de enero. Esta moción tiene como objetivo defender a los vecinos afectados de Torre la Sal y solicitar al Ejecutivo central que actúe para aprobar la reforma de la actual Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.
El escrito de la Diputación surge tras la notificación por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los propietarios del poblado de Torre la Sal, en Cabanes, sobre la desestimación de los recursos de alzada presentados contra la resolución de Costas de 2021. Esta resolución dictaba la recuperación posesoria de las viviendas en la zona del litoral, al considerarlas en dominio público marítimo-terrestre. Esta decisión cierra la vía administrativa, dejando solo la opción de recurrir judicialmente para evitar el desahucio y la expropiación de los propietarios de las más de cien viviendas del pueblo marítimo de Torre la Sal.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha resaltado que “volvemos a alzar la voz para pedir una reforma de la Ley de Costas que permita conciliar la protección del dominio público marítimo-terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y evite la pérdida y destrucción de viviendas que son parte de nuestra historia.”
Barrachina también ha señalado que “lo que ocurre ahora en Cabanes afecta a otros municipios de la provincia” y ha destacado que “la costa de Castellón enfrenta serios problemas desde hace años, y requiere una protección especial debido a la degradación que ocasiona la regresión, poniendo en riesgo la vida social, económica y ambiental de la zona.”
Por ello, en el próximo pleno, la Diputación instará a la Mesa del Congreso de los Diputados a tramitar la Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988 de Costas, que fue aprobada en el Senado en marzo de 2024. La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, busca proteger los núcleos urbanos costeros tradicionales en terrenos que han pasado a ser dominio público marítimo-terrestre, evitando que se derriben viviendas cercanas a la playa. Aunque el Senado aprobó la propuesta, esta aún no ha avanzado en el Congreso, por lo que la Diputación exigirá su desbloqueo.
La moción también exige al Gobierno de España la reforma de la Ley de Costas para mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo-terrestre y los derechos consolidados de los ocupantes, así como el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para darles la debida protección. Además, solicita la suspensión de cualquier trámite que implique medidas restrictivas de derechos, como los derribos, hasta que se apruebe la reforma de la ley.
A través de esta moción, la Diputación de Castellón reafirma su apoyo total a los vecinos de Torre la Sal. Además, como parte de su compromiso con la defensa del litoral, la presidenta Marta Barrachina anunció que la Diputación ampliará la línea de ayudas para la protección del territorio y garantizará que los ayuntamientos cuenten con la asistencia necesaria para la conservación de su costa.
En su lucha por el bienestar de la costa castellonense, Barrachina también llevó este tema a Madrid, donde, durante una reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en mayo de 2024, abordó temas clave como la política de deslindes, los derribos en dominio público y la necesidad de modificar la normativa de costas para una mejor gestión y protección del litoral.
