La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) representa a una treintena de afectados y estudia reclamar responsabilidades penales a los administradores
La firma Frutas Hermanos Catalá Benicolet -más conocida como Fruterca-, con domicilio social en Palma de Gandía, ha iniciado un proceso de concurso de acreedores con un pasivo de unos 6 millones de euros y deudas de diferente cuantía repartidas entre los más de 300 agricultores que le vendieron sus cosechas, fundamentalmente de cítricos, y que ahora se encuentran en la situación de no poder cobrarlas. Asimismo, y dentro de este mismo proceso, un centenar de trabajadores de la propia firma también reclaman el pago de sus nóminas.
Los servicios jurídicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se han personado en el caso en representación, hasta el momento, de una treintena de agricultores a los que Fruterca adeuda el valor de sus cosechas. Actualmente, los letrados de la organización agraria están estudiando la posibilidad de extender la causa más allá de la vía civil y trasladarla al ámbito penal mediante la interposición de una querella para reclamar responsabilidades penales a los administradores de la sociedad al considerar que Fruterca ya se encontraba en 2017 en una coyuntura económica muy delicada y que aún así siguió negociando compras de cítricos y emitiendo pagarés a los agricultores.
Aunque debido a la cuantía global de la deuda y al elevado número de afectados, el concurso de acreedores en el que se encuentra inmerso Fruterca resulta especialmente llamativo, no es, lamentablemente, el único que se está tramitando en el panorama agrario valenciano. AVA-ASAJA tiene constancia de que actualmente al menos otras seis empresas hortofrutícolas se han visto inmersas también en este mismo tipo de procedimiento al no poder hacer frente a las deudas acumuladas.
AVA-ASAJA ya alertó el pasado mes de enero sobre el incremento desmesurado del número de demandas ante los juzgados que están presentando los citricultores debido a la incidencia de la dura crisis citrícola que ha caracterizado el desarrollo de la campaña. Si bien la casuística al respecto es variada y suele centrarse en denuncias relativas al incumplimiento de contratos, al impago de las cosechas y a la detección de una cantidad abusiva de destrío durante el proceso de confección de la fruta en los almacenes, tampoco faltan casos que acaban incluso con la intervención de los equipos ROCA de la Guardia Civil que operan contra la delincuencia en el medio rural, tal como ocurrió recientemente con una empresa acusada de estafar más de 72.000 euros a agricultores de las poblaciones de Carcaixent y Rafelguaraf.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, lamenta que «sea este el panorama que nos encontramos en la citricultura valenciana», al tiempo que anima a los afectados por esta clase de circunstancias a acudir a los tribunales «para reclamar aquello que les pertenece» e insta a los tribunales de Justicia «a actuar con la máxima celeridad y eficacia a fin de que puedan resarcir como se merecen a los agricultores que se han visto atrapados en esta espiral tan dañina».
En este sentido, el máximo responsable de la organización agraria llama especialmente la atención sobre los abusos que se están produciendo en materia de destríos, «una práctica que resulta sangrante -afirma Aguado- y que consiste en rechazar una cantidad abusiva de fruta en los almacenes cuando no hay razones objetivas para hacerlo y con la única intención de rebajar el precio acordado con los agricultores. Nuestros servicios jurídicos van a utilizar todos los recursos que sean necesarios ante los tribunales para actuar contra estos comercios desaprensivos».
