Barrera: "Queremos implementar por primera vez en muchos años en nuestra Comunitat la defensa del propietario y la condena del delincuente".
El vicepresidente primero y consejero de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha anunciado que la Generalitat estudiará la implementación de medidas, dentro de su ámbito de competencias, para proteger los derechos de los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal.
Específicamente, el Consell está considerando una acción conjunta entre la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y la de Justicia e Interior, según informa la administración autonómica.
Barrera hizo estas declaraciones durante una visita al barrio de la Magdalena en Massamagrell (Valencia), acompañado por altos funcionarios de Justicia, para evaluar su situación después de varios casos de ocupación ilegal de viviendas.
Desde el Consell queremos intervenir para defender, dentro del marco legal, a aquellos que nunca han sido defendidos, que son los legítimos propietarios de las viviendas.
Declaró, denunciando que en la actualidad «la ley (estatal) protege al delincuente».
Por otro lado, Barrera enfatizó que «todas las víctimas deben saber que tienen un gobierno (el Consell) que comprende sus preocupaciones».
En la medida de lo posible, lucharemos junto a ellos para erradicar este problema social.
Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la alcaldesa de Massamagrell, Pilar Peris, en la que participaron también la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, y representantes municipales, judiciales y policiales.
El objetivo, según explicó el consejero,
Denunciar la ocupación ilegal no solo en la Comunitat Valenciana, sino en toda España. Va en contra no solo de la ley, sino del sentido común, que alguien pueda ocupar ilegalmente una vivienda y que las leyes no protejan al propietario legítimo, quien debe recurrir a los tribunales para defender su propiedad.
«Lo ideal es que si alguien descubre que una propiedad privada ha sido ocupada ilegalmente, pueda llamar a la policía y que se desaloje a los delincuentes, porque quien ocupa una vivienda que no es suya está cometiendo un acto ilegal, está cometiendo un delito», sostuvo.
Por su parte, la directora general de Atención a las Víctimas, Belén Pulgar, anunció que la Conselleria de Justicia e Interior «pondrá a disposición todas las oficinas de atención a las víctimas para proteger a las familias frente a la ocupación ilegal».
Nuestra prioridad es que todas las personas víctimas de la ocupación ilegal, a partir de ahora, reciban la protección que antes no tenían.
Aseguró.
Actualmente existen 36 oficinas de atención a las víctimas, una por cada partido judicial, que ofrecen servicios totalmente gratuitos, incluyendo asistencia legal, psicológica y social.
