Le retirada de la cruz franquista constituye una reparación de la memoria de las víctimas asesinadas por el régimen y sus familias, aunque personalmente hubiera preferido un derribo al estilo del realizado en la Vall d’Uixó en 2018. ¡Qué pena que la cruz no se hubiera roto ayer en el momento de arrancarla!
Los insultos, amenazas y rebuznos que se pudieron escuchar ayer en el Parque Ribalta de Castelló ponen de manifiesto la pertinencia de la retirada de la cruz franquista instalada en tan principal ubicación el 29 de octubre de 1944, para gloria de los golpistas que traicionaron a la II República y humillación de las personas fusiladas por su lealtad democrática (y de sus familias).
Con la liberación del Parque Ribalta no solo se da cumplimiento a la estatal Ley de la Memoria Histórica y a la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana, sino que, además, se repara la memoria de las víctimas del atroz e inmisericorde régimen fascista.
Represaliados como el que fuera presidente de la Diputación de Castellón en 1937 y fusilado en 1941, a los 41 años de edad: José Hernández Merlos. Y como tanta y tanta gente a la que en un akelarre de rencor y venganza se le arrebató lo más valioso que tenía: la vida.
En la provincia de Castellón se han podido contabilizar más de mil víctimas del franquismo de todo tipo y condición: alcaldes, concejales, jornaleros, transportistas, labradores, sogueros, alpargateros, comerciantes…
Por lo tanto, nuestra sociedad estaba en deuda con los asesinados y tenía la obligación legal y moral de eliminar del parque cuanto antes el insultante vestigio que allí había permanecido erecto durante casi ochenta años.
Una deuda de ciudad que ha sido satisfactoriamente saldada. Por ello doy las gracias a la alcaldesa, Amparo Marco; a la concejala de Memoria Democrática, Verónica Ruiz, y al equipo de gobierno en su conjunto.
También quiero felicitar al Obispado de Segorbe-Castellón por su implicación para encontrar una salida a tan espinoso asunto.
No obstante, si he de ser sincero, debo reconocer que en lo personal me hubiera decantado por una solución como el derribo, similar a la emprendida en 2018 por Tania Baños en la Vall d’Uixó. De todas formas, comprendo que la situación era harto complicada y que se ha hecho lo que se ha podido.
También lamento que la cruz de la discordia no se haya partido en el momento del desprendimiento; creo que hubiera sido una reparación kármica.
También pienso que si Dios existiera no permitiría la utilización de sus señas de identidad para humillar a personas desprotegidas.
A modo de colofón solo se me ocurren dos preguntas: ¿los jueces y fiscales, tan activos en determinados contextos, han podido ver y escuchar los vídeos que circulan por internet y redes sociales en los que individuos exaltados y muy maleducados profieren a cara descubierta graves insultos y amenazas contra cargos electos democráticamente? ¿Piensan adoptar alguna medida?
