El Consejo de Ministros también ha aprobado la extensión de la compensación para los arrendadores o propietarios afectados por esta medida.
Esta ampliación permitirá que las personas arrendatarias puedan solicitar la prórroga extraordinaria del desahucio o lanzamiento de su vivienda, siempre que acrediten encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que les impida acceder a una alternativa habitacional. Para ello, los afectados deberán presentar la documentación pertinente que justifique su estado de necesidad, y, tras un informe emitido por los servicios sociales, los juzgados podrán acordar la suspensión del procedimiento en caso de considerar probada la vulnerabilidad.
Además, la normativa establece que, una vez acreditada esta situación y antes de que finalice el plazo máximo de suspensión, las administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas necesarias. Estas acciones deberán atender las recomendaciones contenidas en el informe de servicios sociales u otras que se consideren oportunas para garantizar el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna.
Desde el Ejecutivo han subrayado que la prórroga de esta medida responde a la «grave» situación económica y social que continúa afectando a numerosos hogares en España. Según el Gobierno, el incremento de los precios y la escasez de oferta de vivienda asequible siguen marcando un contexto adverso para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Con esta nueva extensión, ya son cinco los años desde que el Gobierno adoptó esta política como herramienta para proteger a los hogares más vulnerables frente a los efectos económicos y sociales de la crisis.
Compensación para los arrendadores hasta 2026
Junto a la prórroga de la suspensión de desahucios, el Consejo de Ministros también ha aprobado la extensión de la compensación para los arrendadores o propietarios afectados por esta medida. En este sentido, se establece que podrán solicitar dicha compensación hasta el 31 de enero de 2026, en los términos previstos por el Real Decreto Ley de medidas urgentes para afrontar situaciones de vulnerabilidad social y económica relacionadas con la vivienda y el transporte.
Con estas decisiones, el Gobierno reafirma su compromiso con la protección social en el ámbito habitacional, priorizando las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad mientras busca equilibrar los derechos de los propietarios afectados por la suspensión de los procedimientos de desahucio.
