La directiva también contempla una prescripción mínima de 20 años para estos delitos, a partir del momento en que se cometieron.
El Parlamento Europeo votará a finales de junio una directiva destinada a abordar la violencia contra la mujer y establecerá penas máximas por delitos de violación inferiores a 8 años. Esta medida tiene como objetivo evitar situaciones como las registradas en España con la Ley del ‘solo sí es sí’.
El texto propuesto por la Comisión Europea, que se discutirá los días 26 y 27 de junio en comisión, ha recibido más de 1.800 enmiendas. Su propósito principal es hacer frente a la violencia contra las mujeres, tipificar nuevos delitos a nivel europeo y alentar a los países a tomar medidas adicionales en línea con el Convenio de Estambul. Se busca también implementar instrumentos legislativos eficaces en materia de prevención, protección y apoyo a las víctimas.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligatoriedad de establecer una pena máxima inferior a ocho años para actos de penetración vaginal, anal u oral no consentidos de naturaleza sexual, ya sea con cualquier parte del cuerpo u objeto, así como para aquellos actos que involucren la participación de una mujer con otra persona. Además, en caso de agravantes, la pena máxima no podrá ser inferior a 10 años. La directiva también contempla una prescripción mínima de 20 años para estos delitos, a partir del momento en que se cometieron.
EL CONSENTIMIENTO CON EN EL CONVENIO DE ESTAMBUL
En esta directiva se utiliza como base la definición de consentimiento del Convenio de Estambul. Este convenio, que fue ratificado por España en 2009 y por la Unión Europea el pasado mes de mayo, establece que «el consentimiento debe ser dado voluntariamente como expresión de la libre voluntad de la persona, evaluado en el contexto de las circunstancias que la rodean».
La eurodiputada del Partido Popular (PP), Rosa Estarás, ha destacado que estas medidas son «un tema prioritario», ya que la UE desea enfatizar la «importancia» que se otorga a estos delitos y evitar situaciones similares a las ocurridas en otros países con la implementación de la norma del ‘solo sí es sí’, donde se han registrado reducciones en las penas para los agresores sexuales.
Además, Estarás ha recordado una reunión mantenida con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la visita de una delegación del Parlamento Europeo al país en febrero pasado, con el objetivo de analizar las políticas de igualdad en España. Según ha señalado, durante dicha reunión se hizo hincapié en la advertencia del órgano judicial sobre la reducción de las penas máximas en relación a la Ley del ‘solo sí es sí’.
NUEVOS EURODELITOS
Además, la directiva busca establecer como delitos a nivel europeo la difusión de material íntimo sin consentimiento, con penas máximas no inferiores a 1 año y sin prescripción antes de 5 años, así como el ciberacoso, con penas máximas no inferiores a 2 años y sin prescribir antes de 7 años.
Asimismo, se pretende incluir como delitos a nivel europeo el matrimonio y la mutilación forzada, el acoso sexual en el trabajo y la esterilización forzada. Sin embargo, Estarás ha reconocido que existen dudas sobre la aprobación de este último delito, ya que considera que tiene «una base jurídica muy débil».
Otros debates, como la prostitución o la gestación subrogada, finalmente no se incluirán en la iniciativa debido a la falta de seguridad jurídica y a las dudas de algunos grupos parlamentarios sobre si constituirían delitos transfronterizos.
Entre los partidos en contra se encuentra Vox. Según la eurodiputada Margarita de la Pisa, su partido no ve seguridad jurídica en incluir el término «violencia de género» y tampoco considera que la violencia doméstica o contra las mujeres sea transfronteriza. Vox respeta las constituciones de cada país y sus códigos penales, y cree que establecer un mínimo en las penas máximas podría provocar que otros países vivan una situación similar a la de España con la ley del ‘solo sí es sí’.
Estarás también ha mencionado la eliminación del texto de la consideración del delito de denegación de acceso al aborto, que tampoco contaba con el apoyo mayoritario de los partidos debido a la inseguridad jurídica que plantea, especialmente en relación a la objeción de conciencia.
Los miembros del Partido Popular creen que la retirada de estos temas en los debates previos permitirá que la directiva avance en aquellos aspectos en los que sí hay acuerdo. Consideran que esta es la opción más inteligente para evitar que el texto quede paralizado y se pueda aprobar.
CRÍTICAS DEL PSOE
Por otro lado, la eurodiputada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Lina Gálvez, ha expresado una opinión discordante, afirmando que muchos de estos temas podrían haber sido incluidos en la directiva «con voluntad política». Ha destacado casos en los que parejas involucradas en violencia de género tienen diferentes nacionalidades y se enfrentan a contradicciones en las penas aplicadas en sus respectivos países. Además, ha señalado que la prostitución, el proxenetismo y la gestación subrogada son claros delitos transfronterizos, en contraposición a lo manifestado por el Partido Popular (PP) y Vox.
La eurodiputada socialista también ha mencionado el tema del aborto, refiriéndose a las mujeres en Polonia que se ven obligadas a cruzar fronteras para ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.
Gálvez ha resaltado la importancia de esta directiva, señalando que hay «18 países» en la Unión Europea con regulaciones sobre violación que dejan mucho que desear en comparación con las directrices establecidas en el Convenio de Estambul.
Una vez que esta directiva pase por la comisión a finales de mes, deberá ser sometida al Pleno del Parlamento Europeo o directamente a trílogos, que es el grupo conformado por el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. En este último caso, el proceso sería más largo, ya que los tres organismos deben llegar a un acuerdo sobre el texto en su totalidad.
UNA PRESIDENCIA DE LA UE CON ELECCIONES EN ESPAÑA
Cuando se les preguntó a las eurodiputadas si las elecciones en España el próximo 23 de julio afectarán a la presidencia europea del país en la segunda mitad del año, Estarás afirmó que sí y explicó que se han cancelado reuniones y comparecencias que deberían haber tenido lugar, comenzando por la presentación del proyecto por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dicha presidencia.
La eurodiputada del Partido Popular criticó que ningún representante del Ejecutivo acuda al Parlamento «por estar en campaña». «Habrá inercia de trabajo, pero faltará liderazgo», señaló.
Sin embargo, la eurodiputada socialista negó esta situación y aseguró que sí habrá representantes españoles en el Parlamento durante la presidencia europea del país.
