Publicado por Ignacio Martínez en okdiario 21/02/22
La guerra que mantienen los vecinos de Rafalafena, en Castellón, con la alcaldesa socialista de la capital de la plana la socialista Amparo Marco ha abierto un nuevo capítulo. La Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha declarado admisible la queja de los citados vecinos y ha decidido llevar a cabo una investigación preliminar. La denuncia se sustenta sobre la oposición vecinal a la reforma de la Avenida de Lidón y los problemas para ser escuchados por el Ayuntamiento. La reforma tiene un coste de 3,3 millones de euros, de los que en torno al 50% debe ser financiado con fondos europeos. Por su parte, el Ayuntamiento entiende que el proyecto cumple los requisitos exigibles desde Bruselas.
Comandados por la líder vecinal Vicky Amores, los vecinos se oponen frontalmente a la reforma de la avenida que proyecta la alcaldesa de Castellón. A inicios de 2020, Amparo Marco anunció un proyecto de remodelación para una avenida, la de Lidón. Una avenida que es crucial en la entrada y salida de la ciudad. Pero los vecinos se quejan de que esa remodelación no les ha sido consultada y que se ha visto sometida a continuos cambios. Entienden esos vecinos que la reforma restringe el tráfico rodado y que las obras supondrían una auténtica ruina para el comercio de la zona en pleno proceso de recuperación tras la pandemia. Se quejan, además, de que la alcaldesa no ha querido escucharles.
Precisamente por ello, han acudido a todas instancias posibles. Plantearon un recurso contencioso ante los tribunales, presentaron una queja al Defensor del Pueblo valenciano Angel Luna y acudieron, finalmente, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
En el caso del Defensor del Pueblo valenciano, el pasado 21 de diciembre, éste respondió a la queja presentada por la presidenta de la Asociación de Vecinos de Rafalafena, donde se van a llevar a cabo las obras, ante la falta de respuesta sobre la solicitud de entrevista que los vecinos habían solicitado a Amparo Marco. El defensor recordó en su resolución, en primer lugar, al Ayuntamiento, el deber legal de contestar en el plazo establecido, le recomendó, a continuación, que en situaciones como ésta extremara al máximo el cumplimiento de las obligaciones que en el caso que nos ocupa consiste en dar respuesta y recomendó, finalmente, que procediera a contestar por escrito a la petición. Lo que, según Amores, no se ha producido.
En el caso de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, los vecinos acudieron a esta instancia porque una parte de los fondos que se van a utilizar para llevar a cabo la reforma proceden, precisamente, de Europa. Los vecinos argumentaban en su queja que no haber tenido en cuenta su opinión y que esa opinión sea contraria a la reforma supone una presunta vulneración de los requisitos establecidos para la concesión de los fondos. El pasado agosto, el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons acudió personalmente a Castellón, invitado por la portavoz popular en el Ayuntamiento Begoña Carrasco a fin de que conociera por boca de los vecinos lo que estaba sucediendo.
Ahora, Europa estrecha la vigilancia sobre el proyecto. En concreto, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la misma que decidió investigar los casos de presuntos abusos sexuales a menores supuestamente en centros tutelados por el Gobierno valenciano, ha decidido intervenir. Así, lo ha notificado a Vicky Amores en un escrito de fecha 17 del presente mes de febrero. Considera admisible su queja porque el asunto que plantea está dentro de los límites de la actuación de la Unión Europea. Y ha solicitado que se lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto.
La decisión de las instancias europeas da un respiro al movimiento vecinal, pero cuyos representantes están dispuestos a tomar medidas en caso de que la alcaldesa siga en sus trece y den comienzo las obras antes de que Europa ofrezca una veredicto final. Incluso a abrazar las máquinas o efectuar una sentada.