En este Consejo la gran mayoría de los Estados miembro han reconocido el impacto que la subida de los costes de producción está teniendo en el sector agrario, debido al incremento de la energía y de las materias primas. Así, el vertiginoso aumento de la cotización del gas natural y la consecuente ralentización de la producción de fertilizantes, ha multiplicado por tres su precio en el caso de los nitrogenados, que son los más usados.
También se reconoce que tanto la Comisión Europea, como los Estados miembros tienen información sustancial que describe cuantitativamente la gravedad de la situación actual resultante del aumento de los insumos agrícolas; sin embargo, ni se han propuesto, ni acordado, ni pedido a la Comisión medidas concretas pare corregir o apoyar a los agricultores y ganaderos.
El Consejo ha abordado también un Plan de Contingencia para garantizar el suministro y la seguridad alimentaria de la UE que, propuesto por la Comisión, se apoyaría en un Mecanismo Europeo de preparación y respuesta ante crisis de seguridad alimentaria basado, a su vez, en la creación de un nuevo grupo de expertos de los Estados miembros. El objetivo del plan es prepararse para posibles desafíos futuros, incluidos eventos climáticos extremos, problemas de salud animal y vegetal, y escasez de insumos clave como fertilizantes, energía y mano de obra.
No obstante, en opinión de LA UNIÓ, este plan no puede dar respuesta a la crisis actual. Sus medidas, se implementarían en todo caso a partir de mediados de 2022 y hasta 2024 y, además, lo que se plantean son actuaciones de seguimiento, intercambio de información, desarrollo de indicadores y la elaboración de recomendaciones sobre directrices o maneras de abordar los riesgos y vulnerabilidades que pongan en peligro la cadena alimentaria. “Plantear este futuro plan como solución a lo que llevamos sufriendo todo este año y a lo que está pasando ahora mismo, es una cortina de humo” expresan desde la organización “porque en ningún caso se está hablando de acciones concretas de apoyo a los agricultores o ganaderos o de regular sobre el precio de los inputs”.
La organización muestra su decepción ante la ausencia de compromisos claros de los Ministros de la UE para afrontar una realidad nefasta para los agricultores y ganaderos, que ellos mismos reconocen que existe. “Las explotaciones agrarias se encuentran en un escenario de vulnerabilidad extrema que habría merecido una posición mucho más proactiva del Consejo de Ministros”, consideran, que, además, señala que los más afectados por el encarecimiento de los inputs son los agricultores y ganaderos profesionales que viven fundamentalmente del trabajo en su explotación.
En todo caso, LA UNIÓ pide esa mayor proactividad al Ministro de Agricultura español, Luis Planas. “El Gobierno no puede escurrir el bulto escudándose en lo que pueda o no decidirse en Bruselas” consideran “porque hay muchas cuestiones, como las fiscales o la puesta en marcha del contrato eléctrico de doble potencia para regadío, que son competencia del Estado miembro”. En este sentido, la organización recuerda que en días pasados ha presentado al Ministerio un paquete de medidas que incluye la creación del gasóleo profesional agrario, la revisión de módulos de IRPF y bonificaciones fiscales, apoyos a la financiación o supresión de las ITV para vehículos agrícolas, señalando que son ya medidas que se han puesto en marcha con ocasión de anteriores crisis.
