El PSOE solicita la protección del suelo público y acusa al PP de fomentar la especulación.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han emitido un comunicado conjunto en el que manifiestan su «rotundo rechazo» a las políticas de vivienda del Gobierno. Además, advierten que no aceptarán la «amenaza» y el «chantaje» del Ejecutivo relacionado con la posible retirada de fondos.
Esta declaración se produce justo antes de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se llevará a cabo este jueves, en respuesta a las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien la semana pasada advirtió que las ayudas para vivienda podrían depender del cumplimiento de la ley estatal por parte de las comunidades. En su contestación, señalaron que «el Estado tiene la obligación de repartir de manera equitativa los recursos públicos, promoviendo la igualdad de todos los ciudadanos, sin importar dónde residan».
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León, así como las ciudades de Ceuta y Melilla) mantienen su postura de no declarar ‘zonas tensionadas’ en sus territorios. Rechazan la intervención en los precios de los alquileres, argumentando que estas medidas tienden a tener el efecto contrario: incrementan los precios y reducen la oferta de vivienda.
Estas regiones consideran «fracasadas e ineficaces» las políticas de vivienda del Gobierno y afirman que la decisión de declarar dichas zonas es una facultad legal de las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia de vivienda.
Rodríguez ha comentado sobre el mensaje del PP a su llegada a la Conferencia Sectorial, señalando,
No es el objetivo de esta reunión; hay muchos foros para ello, y el Parlamento es un lugar adecuado para discutir las propuestas de los diferentes grupos políticos.
Además, ha defendido la acción legislativa de su Ministerio, afirmando: «Nadie puede cuestionar el contenido de la ley, es una buena ley».
Gran alianza de país
Al igual que el PP, Rodríguez ha ofrecido su mano a las diferentes administraciones para lograr acuerdos en materia de vivienda, enfocándose en el Plan Estatal. La ministra ha hablado de la necesidad de una «gran alianza de país», que incluya la colaboración del sector privado, y ha establecido como objetivo «consolidar y proteger» el parque público de vivienda. Sin embargo, estas intenciones no se han traducido en acuerdos concretos, y los reproches entre las partes continúan.
En su comunicado, las comunidades autónomas del PP argumentan que la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas para los ciudadanos debido a la «nefasta» política del Gobierno. Afirman que, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, los alquileres han alcanzado precios prohibitivos. Según sus datos, el costo de los alquileres ha aumentado un 32 % entre junio de 2018 y abril de 2024, y desde la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda en mayo de 2023, el incremento ha sido de casi un 13 %.
Por último, también mencionan la ocupación ilegal, que estiman en 78,800 viviendas en toda España, y el fenómeno de la «inquiocupación», que sostienen ha crecido «de manera alarmante en los últimos meses».
El PSOE solicita la protección del suelo público y acusa al PP de fomentar la especulación
Fuentes del PSOE han establecido su posición al comprometerse a garantizar que «el suelo público siempre sea público» mediante iniciativas parlamentarias en las asambleas autonómicas. Buscan evitar que el suelo público sea entregado «a manos de especuladores y fondos buitre, como ha sucedido en el pasado» en algunas comunidades autónomas, responsabilizando al PP por esta situación. «No puede volver a ocurrir», han añadido, subrayando que esta medida es crucial para asegurar un parque público de vivienda que cumpla con los estándares europeos.
Según estas fuentes socialistas, la falta de protección del suelo ha llevado a que la mayoría de las 2.5 millones de viviendas públicas construidas en democracia hayan sido transferidas al mercado libre. Esto ha resultado en que el parque de vivienda protegida represente solo el 2.5%, muy por debajo del 9% que se registraría si se alineara con la media europea.
Además, han destacado que «el Gobierno de España ha multiplicado por ocho los presupuestos generales del Estado en materia de vivienda», asegurando que estos recursos deben estar siempre al servicio de los ciudadanos del país.
