El PSPV-PSOE ha lamentado que el PP no haya aprovechado la oportunidad para frenar los cambios en la Ley de Concordia.
La presidenta de Vox en Castellón, Llanos Massó, ha afirmado este viernes que la reciente enmienda aprobada por PP y Vox a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 «allana el camino» para la posible reposición de la Cruz del Ribalta en su emplazamiento original, el parque Ribalta de Castellón. La dirigente de Vox considera que esta modificación elimina los obstáculos legales que impedían al PP apoyar la restauración del monumento, retirado en enero de 2023, y que ahora «solo falta voluntad política» para devolver la cruz al parque.
Con la enmienda aprobada el PP ya no tiene problema, por lo que ya sólo es cuestión de voluntad política.
Ha aseverado.
La enmienda, presentada por Vox y respaldada por el PP en Les Corts Valencianes, introduce una disposición adicional a la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana (Ley 5/2024, de 26 de julio) que permite a los ayuntamientos o a la Conselleria competente restaurar elementos retirados, siempre que se resignifiquen y no vulneren los derechos de las víctimas ni los principios de la concordia democrática. Según Massó, esta medida responde a la sentencia judicial de 2024 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón, que declaró nula la retirada de la cruz por considerarla «arbitraria» y sin base legal, «al tratarse de un símbolo resignificado desde 1979 como homenaje a todas las víctimas de la violencia, sin connotaciones políticas».
Massó ha insistido en que Vox siempre defendió la reposición de la cruz, retirada por el anterior gobierno municipal de PSPV, Compromís y Podem bajo la Ley de Memoria Democrática.
Desde que se quitó de forma arbitraria, dijimos que la volveríamos a poner.
Ha declarado en rueda de prensa, subrayando que la enmienda aprobada «deja sin excusas» al PP para actuar.
Críticas del PSOE: «Rendición del PP a la ultraderecha»
Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, José Luis López, ha calificado la enmienda como una «rendición» del PP a las exigencias de Vox, acusando a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de ser «una marioneta» de la ultraderecha y del president de la Generalitat, Carlos Mazón.
López ha lamentado que el PP no haya aprovechado la oportunidad para frenar los cambios en la Ley de Concordia, que, según él, «abren la puerta a restituir un monumento franquista» en el parque Ribalta, declarado Bien de Interés Cultural.
El concejal socialista ha recordado el origen del monumento, impulsado en 1940 por el Ayuntamiento de Castelló tras instrucciones del Ministerio de la Gobernación, en un contexto de represión durante la posguerra.
La cruz, inaugurada en 1944 en un acto de exaltación de la Falange, fue un punto de actos franquistas y de ultraderecha durante décadas, según López. Aunque en 1979 se cambió su inscripción a «A todas las víctimas de la violencia», el PSOE sostiene que su retirada en 2023 fue legal y necesaria para cumplir con la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007) y la Ley de Memoria Democrática de la Generalitat (Ley 14/2017).
López ha advertido que revertir esta decisión podría interpretarse como un respaldo a simbologías asociadas al franquismo, lo que considera «un retroceso democrático». Además, ha cuestionado la credibilidad de Carrasco, quien, según él, evita pronunciarse claramente sobre la reposición de la cruz, limitándose a decir que «no es una prioridad».
Reacciones y contexto político
La oposición, formada por PSPV y Compromís, ha denunciado que la enmienda de Vox, respaldada por el PP, supone un «ataque a la autonomía municipal» y un intento de «blanquear» el franquismo. Compromís, en concreto, ha criticado el silencio de Carrasco ante las presiones de Vox, acusándola de permitir que se «recuperen simbologías fascistas» en Castellón.
Por otro lado, el portavoz municipal de Vox, Antonio Ortolá, ha reiterado la intención de su partido de restituir una cruz en el parque Ribalta, ya sea la original –actualmente en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva tras su donación al Obispado– o una nueva, como símbolo de «concordia y libertad religiosa». Ortolá ha señalado que el pacto de gobierno con el PP incluye un compromiso para erigir un monumento a todas las víctimas de la violencia, aunque no necesariamente la cruz original, debido a su deterioro y los altos costes de traslado.
El PP, por su parte, mantiene una postura ambigua. El portavoz municipal, Vicent Sales, ha insistido en que no se repondrá la cruz hasta que haya una sentencia judicial firme que lo ordene, y ha destacado que la prioridad del gobierno local es cumplir el pacto de gobernanza con Vox, que contempla un monumento genérico a las víctimas, no necesariamente la cruz del Ribalta.
Contexto judicial y social
La controversia sobre la Cruz del Ribalta lleva años dividiendo a la sociedad castellonense. En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) respaldó la sentencia de primera instancia, afirmando que la cruz, al estar resignificada, no incumple la Ley de Memoria Histórica y no debería haber sido incluida en el catálogo de vestigios franquistas. Esta decisión ha sido celebrada por Vox y la Asociación de Abogados Cristianos, que han presionado para su reposición.
Sin embargo, la retirada de la cruz en 2023 también generó tensiones, con protestas de grupos ultras y amenazas a miembros de Compromís durante el desmontaje. La cruz, cedida al Obispado, permanece en la iglesia de Santo Tomás, mientras el debate sobre su posible retorno sigue polarizando a la ciudadanía.
Implicaciones de la Ley de Concordia
La Ley de Concordia, aprobada en 2024 por PP y Vox en la Comunitat Valenciana, ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno central y organizaciones internacionales. El Ejecutivo de Pedro Sánchez presentó un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de sus preceptos, argumentando que restringen los derechos de las víctimas y debilitan las políticas de memoria democrática. Asimismo, la ONU ha cuestionado las leyes de concordia de varias comunidades autónomas, incluidas las de Valencia, Aragón y Castilla y León, por riesgo de «invisibilizar» las violaciones de derechos humanos durante el franquismo.
En este contexto, la enmienda aprobada en 2025 refuerza la postura de Vox de reinterpretar y recuperar elementos históricos, lo que ha reavivado el debate sobre cómo gestionar el legado del franquismo en el espacio público. La decisión final sobre la Cruz del Ribalta dependerá de las negociaciones entre PP y Vox en el gobierno local, así como de posibles recursos judiciales pendientes.
Fotografía portada: Llanos Massó/VOX.
