La OCU sugiere que sería ideal que el Ministerio de Consumo estableciera una normativa uniforme sobre los derechos de los asistentes a eventos de este tipo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado denuncias ante las autoridades competentes de las comunidades autónomas sobre prácticas irregulares en varios festivales de música al aire libre. Los eventos en cuestión incluyen el FIB en Benicàssim (Castellón), el Monegros Desert Festival en Fraga (Huesca), el Puro Latino en sus cinco sedes, el Sonórica en Castro Urdiales (Cantabria) y el Zevra Festival en Cullera (Valencia).
Estas denuncias se suman a las ya interpuestas por la OCU contra otros dos festivales: el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound en Lorca (Murcia).
En total, los abusos detectados podrían afectar a hasta 947.000 asistentes.
Conforme indica la OCU que, además, señala que todos estos festivales aplican una comisión de entre 2 y 3 euros para recuperar el saldo restante en la tarjeta ‘cashless’, un método de pago obligatorio que, según la organización, limita el derecho de los asistentes a utilizar efectivo.
Además, en algunos casos, los festivales establecen plazos muy cortos para solicitar la devolución del saldo no utilizado —por ejemplo, solo cinco días en el caso del FIB—, lo que puede llevar a la pérdida del dinero y a un «enriquecimiento injusto» de los organizadores.
Explica la OCU.
Otra práctica cuestionable es el cobro de una tasa por salir y reingresar al festival, que puede llegar hasta los 25 euros, lo que la OCU considera una «retención ilegal». También se critica la prohibición de introducir alimentos y bebidas, que la OCU considera abusiva.
Asimismo, la organización denuncia el cobro por vasos reutilizables sin opción de reembolso, como ocurre en el FIB, donde el vaso cuesta 2,5 euros, o el alquiler de vasos para beber agua potable en el Fortaleza Sound. La OCU subraya.
Debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita para evitar problemas de hidratación y prevenir aglomeraciones peligrosas.
La OCU insta a los afectados a presentar hojas de reclamaciones y pide a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas que determinen si estas prácticas violan la normativa de protección al consumidor, impongan las sanciones correspondientes y obliguen a la devolución de los cargos indebidos.
Finalmente, la OCU sugiere que sería ideal que el Ministerio de Consumo estableciera una normativa uniforme sobre los derechos de los asistentes a eventos de este tipo, con compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Critican que, salvo en Asturias, la legislación autonómica es «permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores». Concluye.
