Se puso en marcha en 2017, dando así cumplimiento al compromiso adquirido por el Presidente Puig al principio de la presente legislatura. Al realizar la distribución de fondos se establece una discriminación positiva para favorecer a los ayuntamientos más pequeños, que son los que tienen menos recursos y están más afectados por el problema de...
Se puso en marcha en 2017, dando así cumplimiento al compromiso adquirido por el Presidente Puig al principio de la presente legislatura. Al realizar la distribución de fondos se establece una discriminación positiva para favorecer a los ayuntamientos más pequeños, que son los que tienen menos recursos y están más afectados por el problema de la despoblación.
El secretario general del PSPV-PSOE, Ernest Blanch, ha informado de que a los municipios de la provincia de Castellón les han correspondido más de 5,6 millones de euros del Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunidad Valenciana puesto en marcha por la Generalitat que preside Ximo Puig. Se trata de “una importante ayuda” de la que son beneficiarios los 135 municipios de la provincia de Castellón y todos los existentes en la Comunidad Valenciana. La distribución de fondos se hace de manera objetiva según el número de habitantes de cada localidad atendiendo al criterio esencial de “hay que ayudar más a los municipios más pequeños que a los grandes”.
Lo que se pretende con este Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado es que todos los municipios dispongan de recursos económicos para paliar los desequilibrios que se producen en los servicios que dependen de la capacidad de los ayuntamientos.
Blanch destaca que “la puesta en marcha de este Fondo responde a un compromiso personal del Presidente Puig para dar respuesta a una reivindicación que los municipios llevaban realizando desde hace más de 10 años y a la que los gobiernos del PP siempre hicieron oídos sordos”.
Es una herramienta que tiene por objeto que los municipios y las entidades locales menores puedan tener suficiencia financiera y un grado mayor de autonomía. Tiene naturaleza incondicionada y no finalista, lo que implica que los ayuntamientos pueden destinar los recursos al desarrollo general de sus competencias, ya sean servicios, infraestructuras o equipamientos básicos.
Se asigna una cantidad fija de 3.000 euros para cada ayuntamiento o entidad local y el importe restante se distribuye según el número de habitantes, con la introducción de algunos coeficientes de ponderación.
Las diputaciones también pueden adherirse a este Fondo participando a través de sus presupuestos anuales, siguiendo las mismas reglas que aparecen en el decreto autonómico que lo regula.
El Fondo se puso en marcha por primera vez en 2017 y ha tenido continuidad en 2018 y 2019. En las tres anualidades ha tenido una dotación similar, de alrededor de 40 millones para el conjunto de la Comunidad Valenciana, de los que en torno a 5,6 millones de euros han correspondido a la provincia de Castellón.
Ernest Blanch ha explicado que “este Fondo es uno de los muchos instrumentos que está utilizando el Presidente Puig para combatir uno de los principales que tiene nuestra provincia: la despoblación en el ámbito rural”.
