LA UNIÓ denuncia el envío de multas por parte de la Delegación del Gobierno en relación con la protesta del pasado 22 de febrero en el Port de València.
La Unió Llauradora i Ramadera ha levantado su voz de protesta al denunciar que varios agricultores, incluido su secretario general, Carles Peris, han estado recibiendo en los últimos días notificaciones de sanciones por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, todo esto debido a su participación en la protesta conjunta de todas las organizaciones profesionales agrarias el pasado 22 de febrero en el Puerto de València, situación similar a lo ocurrido con las tractoradas en la provincia de Alicante.
La Delegación del Gobierno les ha impuesto multas de 1.200 euros por lo que describen como,
Alterar el orden público al intentar sobrepasar la línea policial realizada para impedir el acceso de los manifestantes al interior de una infraestructura crítica como es el puerto de Valencia, desobedeciendo las ordenes de la fuerza actuante.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha expresado que «en un contexto de trabajo y lucha contra una injusticia como lo es la aplicación de bonificaciones a las tasas portuarias de productos importados y en defensa de los intereses de los agricultores valencianos, es inaceptable recibir multas por valor de 1.200 euros».
Además, la organización ha señalado que la Delegación del Gobierno está actuando como juez y parte en este asunto al tener representación dentro del Consejo de Administración del Puerto de València.
La Delegación ha recibido toda la información relacionada con nuestra propuesta de revisión para eliminar las bonificaciones a las tasas portuarias de los productos agrícolas importados, luego el Consejo de Administración decide finalmente eliminar las tasas y, a pesar de ello, ahora nos envía notificaciones de expedientes sancionadores. Esto es completamente incomprensible.
Declara Peris.
LA UNIÓ enfatiza que en ningún momento se tuvo la intención de interferir en la actividad comercial del puerto de Valencia. De hecho, no hubo impedimentos para acceder al mismo ni se obstaculizó su tránsito. Únicamente se buscaba realizar una sentada de protesta en el área de la Autoridad Portuaria para expresar el descontento por la falta de acción de la presidencia ante la eliminación de las bonificaciones de tasas portuarias a los productos importados, así como sostener una reunión con la presidenta, Mar Chao, tal como se comunicó reiteradamente a las fuerzas de seguridad presentes en el lugar. Además, la Autoridad Portuaria posteriormente decidió eliminar dichas bonificaciones, respaldando así nuestra causa. Explica Peris.
La organización agraria lamenta y rechaza estas multas, y critica a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por permitir que estas lleguen a los agricultores.
En un momento de crisis tan severa como la que enfrenta el campo, las autoridades deberían mostrar mayor sensibilidad hacia las preocupaciones de los agricultores en lugar de castigarlos aún más con multas totalmente injustificadas.
Afirma.
LA UNIÓ censura la actitud de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por no detener estas sanciones en una protesta que contaba con todos los permisos necesarios. «Es importante tener en cuenta que los agricultores solo expresaron su descontento de manera pacífica en las calles y carreteras, con el amplio respaldo de la ciudadanía, debido a la abrumadora frustración que enfrentan. No comprendemos esta persecución cuando se contaba con la autorización correspondiente. Parece que en este país se permite actuar a aquellos que protestan sin permisos y se persigue a aquellos que tienen la autorización requerida para ejercer su derecho legítimo de manifestación», señala LA UNIÓ.
