Ante la elaboración de una estadística que "pretende ser de carácter oficial", exigen al Gobierno "rigor y datos acreditados".
Los cazadores españoles están demandando al Gobierno «rigor y datos verificables» para la creación de una nueva estadística sobre el abandono de perros que está preparando la Dirección General de Derechos de los Animales, una dependencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
En un comunicado, la Fundación Artemisan ha señalado que el sector cinegético considera «inaceptable» la falta de precisión en el trabajo de la Dirección General de Derechos de los Animales. Esta entidad pretende confeccionar una estadística oficial mediante un cuestionario en línea que solo podrán completar las protectoras animalistas, que han sido convocadas públicamente a través de redes sociales, o los ayuntamientos, que deberán pasar por un proceso burocrático más complicado.
La fundación critica que el cuestionario solicita a las protectoras que informen cuántos de los perros rescatados son «perros de caza o cruces de perros de caza» solo basándose en su raza, sin exigir pruebas de si estos animales pertenecían a cazadores o si realmente han sido usados para la caza. Esto, según la fundación, revela un sesgo en la estadística, «diseñada para incriminar a los cazadores con datos provenientes de entidades que, en su mayoría, están asociadas a plataformas anticaza». Lamentan.
Respecto a este «sesgo», los cazadores recuerdan que el último año en que el Ministerio del Interior publicó estadísticas anuales sobre el abandono de perros elaboradas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil fue 2019, año en el que se registraron 163 perros de caza abandonados. Esta cifra contrasta de manera significativa con la estimación de 50.000 perros de caza abandonados al final de cada temporada, según grupos anticaza y animalistas.
La Fundación Artemisan y otras organizaciones del sector cinegético exigen que la Dirección General de Derechos de los Animales y el Gobierno Central «utilicen datos oficiales, acreditados y contrastados, como los proporcionados por la Guardia Civil», y que establezcan un sistema de control que asegure la veracidad y precisión de los datos aportados por las protectoras animalistas.
Además, reclaman «transparencia y rigor» en la creación de una estadística que, «sin duda, se utilizará para la toma de decisiones que afectarán al sector cinegético y a otros ámbitos». Subrayan que este proceso no puede ser inseguro, opaco ni carente de garantías, algo que resulta inaceptable para una administración pública. Concluyen.
