Este martes, CCOO y UGT se han manifestado frente al Palau de la Generalitat con el personal de los centros de mayores con gestión integral.
La Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha confirmado que «está trabajando en las nuevas licitaciones» de los centros de gestión integral y ha asegurado que «los contratos para centros de mayores se publicarán durante el primer trimestre de este año«.
Así lo han manifestado fuentes de la administración autonómica que también se han referido a las demandas expresadas durante una concentración celebrada este martes a las puertas del Palau de la Generalitat. Dicha concentración fue convocada por los sindicatos CCOO y UGT, quienes exigieron al Consell la homologación salarial acordada en 2022 para los trabajadores de los centros de personas dependientes con gestión integral, que incluyen centros de día, residencias de mayores, centros de mujer y servicios de ayuda a domicilio, entre otros. Los sindicatos también han solicitado la licitación de los contratos de estos servicios, que emplean a unas 4.000 personas, en condiciones que describen como «precarias».
Desde la Conselleria se ha indicado que ya se han publicado las licitaciones para la gestión de los Centros Mujer, que fueron aprobadas en el Pleno del Consell del 23 de diciembre. De forma paralela, se ha señalado que se trabaja en el decreto de tipologías, el cual se presentará con una normativa que recoja todas las consideraciones de los agentes implicados, que incluyen más de 1.700 aportaciones.
El departamento ha resaltado que el decreto de tipologías regulará todas las residencias, definirá la normativa de espacios y ratios de personal para todos los centros, y autorizará su uso según esta regulación. También han destacado que «el hecho de que los centros estén en resarcimiento viene heredado de años anteriores». En este sentido, han señalado que, del total de centros en resarcimiento, 45 ya habían entrado al 21 de diciembre de 2023. Además, han detallado que en 2022 ya había 35 centros en esta situación, en 2021 fueron 31, en 2020 fueron 23 y en 2019 fueron 11, por lo que «se trata de una situación que el gobierno anterior no solucionó a medida que los contratos empezaron a finalizar».
Desde la Generalitat se ha enfatizado que «este Consell ha hecho un gran esfuerzo para ajustar la situación a la realidad y ha adoptado medidas para paliar la situación y que no haya perjuicios mientras se aprueba la norma». En este sentido, se ha subrayado que se ha incrementado un 8,8% la cuantía de los módulos económicos de los acuerdos de la acción concertada en 2024, lo cual impactará directamente en el salario de los trabajadores.
La Conselleria dirigida por Susana Camarero ha puntualizado que el Consell de Mazón ha realizado los ajustes necesarios con un incremento que corresponde al IPC acumulado de 2022 y 2023, lo cual había estado paralizado desde 2022. «Hemos puesto a los profesionales en el mercado», han destacado desde la Conselleria.
Además, han hecho hincapié en que «se han pagado 215 millones de enriquecimientos injustos, saldando todas las deudas que dejó el gobierno del Botánic y poniendo a la Administración al día con todos los pagos que el anterior Gobierno había abandonado».
En cuanto a la homologación salarial, el Consell ha asegurado que se ha actualizado el pago del servicio con el IPC acumulado para repercutir en el salario de los profesionales, y ha instado a los sindicatos a firmar un convenio único para todos los profesionales de los servicios sociales. «Ahora hay convenios por sectores (inclusión, discapacidad, mayores e infancia) pero lo ideal para lograr una homogeneización real para los profesionales es tener un convenio igual para todos los sectores, que es lo que deben negociar sindicatos y empresas», han concluido las mismas fuentes.
