Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante rechazan los recortes en derechos profesionales y de las personas usuarias de Servicios Sociales.
Los Colegios Oficiales de Trabajo Social (COTS) de Castelló, València y Alicante han expresado su rotundo rechazo a las medidas incorporadas en la recientemente aprobada Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa (Plan Simplifica) de la Generalitat Valenciana, específicamente en lo que respecta a las modificaciones introducidas en materia de Servicios Sociales. A través de un comunicado conjunto, los tres colegios profesionales alertan de una modificación sustantiva en la legislación de Servicios Sociales que, según su criterio,
Supone un riesgo de precarización de los servicios esenciales y un retroceso de derechos tanto en las condiciones laborales de las personas profesionales como de las personas usuarias.
Desde los tres COTS valencianos, se ha manifestado una creciente preocupación por el posible avance hacia una “privatización indirecta” de los Servicios Sociales. En particular, los colegios hacen hincapié en que esta privatización podría afectar a servicios esenciales como la atención a personas dependientes o a víctimas de violencia de género, ámbitos en los que aseguran,
Deben estar en manos de lo público para evitar hacer negocio con las personas más vulnerables de la sociedad.
Además, el nuevo texto legal abre la puerta a la privatización de los servicios de mantenimiento de las infraestructuras de Servicios Sociales, lo que, a juicio de los profesionales, recorta derechos fundamentales para los trabajadores del sector, ya que anula la norma vigente que exige que las personas adscritas a centros, servicios o programas de Servicios Sociales con carácter permanente cuenten con contratos indefinidos.
En cuanto a los cambios introducidos en la ley, también destacan la modificación de los límites de capacidad de las residencias de personas mayores.
Según la nueva legislación, se duplica la capacidad máxima permitida de estas residencias, pasando de 75 plazas en zonas de baja densidad de población a 150 plazas para las nuevas residencias, sin importar su ubicación.
A su vez, se reduce la plantilla, disminuyendo en una tercera parte las ratios de personal encargado de atender a las personas residentes. Los análisis realizados por los colegios oficiales advierten de las posibles consecuencias negativas de estas medidas, recordando que “no podemos volver a la situación que se puso de manifiesto con la crisis del covid-19, en la que cientos de personas mayores murieron en residencias por no tener condiciones adecuadas de aislamiento y carecer de ratios profesionales suficientes para acompañarlas.”
La profesión de Trabajo Social en la Comunitat Valenciana ha manifestado sentirse “atónita” ante la decisión del Gobierno Valenciano de aprovechar una Ley de simplificación administrativa “para introducir medidas que no tienen nada de simplificación administrativa, sino que suponen un recorte en los derechos de las personas usuarias y profesionales y supone una precarización de servicios esenciales.”
Ante esta situación, los COTS instan a la administración autonómica a poner la mirada en las personas usuarias del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales “en primer lugar y no en el tejido empresarial”, señalando que, aunque el sector empresarial es necesario, las prioridades deben centrarse en atender las necesidades reales de la población. Para ello, proponen incrementos en las plantillas, estabilidad en el empleo y una atención centrada en la persona, con el menor ánimo de lucro posible. Concluyen.
