La comunidad educativa pide a la Generalitat que respete la Constitución para no tener que seguir recurriendo a los tribunales de justicia
- La Justicia ha dado la razón a las entidades educativas que impugnaron las medidas impuestas por el Consell, como por ejemplo la eliminación de conciertos, el modelo lingüístico o el recorte de medio centenar de unidades de Bachillerato
- Los responsables de #yoelijo consideran que la libertad educativa está en riesgo y que los padres han de poder elegir el modelo que consideren para sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas, filosóficas o pedagógicas, ya que es un derecho fundamental
Los responsables de #yoelijo, campaña que defiende la educación en libertad, han pedido a los responsables de la Administración autonómica que no se salten la Ley y respeten el artículo 27 de la Constitución Española que recoge que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos de acuerdo a sus convicciones.
Coincidiendo con el período de admisión del alumnado para el próximo curso escolar que acaba de abrirse, desde la comunidad educativa recuerdan al Consell que debe garantizar este derecho fundamental sin que tengan que ir constantemente a los tribunales a defenderlo como ha sucedido en la pasada legislatura.
Desde #yoelijo han recalcado que la libertad educativa es un derecho fundamental amparado no sólo por la Constitución Española sino por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Así viene recogido en el Manifiesto ‘Por una Educación en Libertad’ que las entidades impulsoras de la iniciativa han suscrito y que puede firmarse en la web www.yoelijoeducacion.com.
Medidas paralizadas por la Justicia
Asociaciones y entidades del sector de la educación han llevado ante los tribunales varias medidas del Consell. Los impulsores de #yoelijo ha recordado que la Justicia ha dado la razón a diversas entidades educativas que impugnaron las medidas impuestas por la Conselleria de Educación contrarias a este derecho fundamental.
Entre ellas, la eliminación de aulas concertadas, tanto en Educación Infantil como en Bachillerato o Formación Profesional en más de 20 colegios, la relativa al modelo lingüístico con el decreto de 2017 que vinculaba el inglés con el valenciano, la medida de ratios extraordinarias, el tratamiento de la asignatura de Religión en Primaria y ESO.
Otras de las medidas llevadas ante la Justicia han sido las relativas al bono infantil y la exclusión de la red privada y concertada de las ayudas para el primer ciclo de infantil, la exclusión de la concertada del programa de auxiliares de inglés, la obligación de aplicar el protocolo ideado para los centros públicos para atender a alumnos transexuales, la orden de pago delegado, la exclusión de alumnos de universidades privadas a becas o el veto de estos mismos alumnos en las prácticas en centros públicos.
“La libertad educativa está en riesgo. Hay una corriente que pretende que la educación sea patrimonio exclusivo del Estado, que impone no solo el tipo de centros, sino los contenidos educativos. Nadie tiene derecho a imponer una escuela única, pública y laica. Esto restringe la libertad de educación y que los padres puedan elegir el modelo que consideren según sus convicciones ya sean religiosas, morales, filosóficas o pedagógicas», explica el portavoz de #yoelijo, Vicente Morro.
Estas demandas son compartidas no solo por los promotores de #yoelijo sino por entidades y colectivos como la Fundación Valores y Sociedad, Asociación Familia y Dignidad Humana, la Plataforma por las Libertades y Educatio Servanda, que se han unido a la campaña, de la que ya forman parte FSIE-CV, USO-CV, APPRECE España y Comunidad Valenciana, Foro de la Familia y Cristianos en Democracia.
Estas adhesiones, las más de 30.000 firmas que han suscrito ya el Manifiesto Por la Educación en Libertad y el alcance de la campaña en Madrid, Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Navarra o Murcia demuestran que se trata de una gran preocupación social.
La iniciativa, desarrollada inicialmente por 730 colegios de la Comunidad Valenciana, agrupa a un amplio colectivo de ciudadanos a través de la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval), Escuelas Católicas Comunidad Valenciana, CONCAPA Comunidad Valenciana, Arzobispado de Valencia, los Obispados de Segorbe-Castellón y de Orihuela-Alicante, la Universidad Católica San Vicente Mártir, la Universidad CEU Cardenal Herrera y los Colegios Diocesanos de Valencia, Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante.
