Los funcionarios del Centro Penitenciario Castellón I se quedan sin servicio de transporte

Los funcionarios del Centro Penitenciario Castellón I se quedan sin servicio de transporte

La dirección del centro ha comunicado a la plantilla que el servicio de transporte diario se suspenderá debido a que el contrato no se renovó por su alto coste.

 

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha criticado la «decisión unilateral» de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de no renovar el contrato para el servicio de transporte del personal en el Centro Penitenciario de Castellón I.

Según el comunicado de la APFP, el 8 de agosto la dirección del centro notificó a su plantilla que el servicio de transporte diario para los funcionarios «se suspenderá el 31 de agosto, último día de prestación del servicio», debido a que el contrato no se renovó por el elevado coste asociado.

La asociación señala que las alternativas ofrecidas a los trabajadores son usar su vehículo propio o tomar una línea regular que transporta a los familiares de los reclusos al centro penitenciario.

APFP ha expresado en escritos dirigidos a la directora del centro y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, su «enérgico rechazo» a esta decisión «tanto en su contenido como en su forma». La organización critica que la medida se haya tomado «de forma unilateral y sin licitar el servicio» y solicita que se proceda con la licitación del mismo.

Además, la APFP ha subrayado,

Una línea de autobús con paradas, horarios y recorridos fijos de uso público, sin identificación de los usuarios, no parece acorde con los principios básicos de seguridad.

La asociación también ha alertado que esta situación podría suponer «una violación del principio de igualdad entre el personal penitenciario del centro y el de otros centros que sí contarán con transporte», así como un perjuicio económico para los afectados, que deberán asumir los gastos de desplazamiento a diferencia de sus colegas en otros centros.

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Finalmente, la APFP ha señalado que «este tipo de decisiones contradice el perfil de una Administración que se considera progresista y que dice valorar el diálogo social como uno de sus principios fundamentales». Concluye.