Con la nueva normativa, se mejorará este servicio y se incrementará el número de parcelas para que más castellonenses puedan beneficiarse de él.
El Ayuntamiento de Castellón celebró su última sesión plenaria del año, donde se aprobó la primera ordenanza reguladora de la gestión de los huertos urbanos de la ciudad.
Impulsada por el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigida por el concejal Cristian Ramírez, la ordenanza tiene como objetivo principal establecer criterios unificados para la cesión y uso de los huertos urbanos municipales. Esta normativa ha sido elaborada con la colaboración de los vecinos y usuarios, destacando la importancia de la participación ciudadana en su creación, según señaló el edil.
Ramírez explicó que la ordenanza era necesaria, ya que durante años no se había hecho un seguimiento adecuado de este servicio, ni existía una base de datos. Con la nueva normativa, se dignificará este servicio y se ampliarán parcelas para beneficiar a más castellonenses. Actualmente, hay más de 500 parcelas individuales distribuidas en ocho huertos urbanos municipales, y recientemente se inauguró el primer huerto urbano accesible de la provincia, ubicado en el barrio de San Lorenzo.
En otro punto de la sesión, se aprobó el Reglamento del servicio municipal de préstamo de bicicletas, también conocido como Bicicas. Según el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, este reglamento es fundamental, ya que la Ley de 2017 exige que todos los servicios públicos cuenten con su normativa correspondiente. El reglamento establece las normas de organización y funcionamiento del servicio y ha sido presentado en el consejo de participación ciudadana, donde se recogieron diversas propuestas. Ramírez también destacó la modernización del servicio de Bicicas, que cuenta con un nuevo contrato de 11,3 millones de euros y duración de nueve años, hasta 2032.
En relación con las ordenanzas fiscales, la alcaldesa Begoña Carrasco abordó el «basurazo de Sánchez«, una medida impuesta por una directiva europea y que en España se materializó en la Ley 7/2022 que obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste del servicio de gestión de residuos a los vecinos. Carrasco explicó que, aunque no es una medida popular, el Ayuntamiento debe cumplir con la ley. Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, destacó las medidas implementadas para mitigar el impacto de esta tasa, como la reducción de tarifas para visitas al ecoparque y bonificaciones para recibos domiciliados antes de abril.
En cuanto a los Servicios Sociales, la moción presentada por el PSOE para declararlos como esenciales no prosperó, ya que la edil Maica Hurtado recordó que la Ley de 2019 ya establece esta consideración. Además, destacó los avances realizados en el área, como la incorporación de 13 profesionales y la mejora en los tiempos de espera para la atención en dependencia.
Finalmente, la sesión aprobó por unanimidad tres declaraciones institucionales: una para promover la construcción del Hospital General, otra para implementar campañas sobre el VIH y la salud sexual, y una más para fomentar la economía circular mediante el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de residuos.
La alcaldesa cerró la sesión felicitando las fiestas a la Corporación Municipal y a los castellonenses, y celebró el archivo de la denuncia contra el concejal Cristian Ramírez por falta de pruebas. Concluyó su intervención instando a la corporación a continuar trabajando por el bienestar de la ciudad y sus ciudadanos.
