Las estafas se centraban en la venta de perros de compañía, que eran ofertados por aproximadamente 500 euros a través de diversos portales de compraventa en línea.
La Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado más de 150.000 euros en España a un total de 250 víctimas mediante estafas en la venta de animales de compañía. La operación ha llevado a la detención de 28 personas y a la investigación de 30 más, tanto en España como en Colombia. A los implicados se les atribuyen 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y se espera que el número de delitos alcance el millar.
En total, se han esclarecido 681 hechos delictivos, entre ellos 335 estafas, 158 casos de usurpación de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, 60 casos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La organización criminal logró mover más de 35 millones de euros a través de transacciones en criptomonedas, y se estima que más de tres millones de euros fueron ingresados en efectivo en diversas partes de España.
La operación, denominada «Canmoney«, se inició tras una denuncia por estafa presentada por una persona que había pagado por la compra de una mascota que nunca recibió. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y luego convertido en criptomonedas, las cuales eran transferidas a cuentas asociadas a la organización. Las estafas se centraban en la venta de perros de compañía, que eran ofertados por aproximadamente 500 euros a través de diversos portales de compraventa en línea. Para ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas que también habían sido estafadas.
Una vez realizado el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago por el transporte de la mascota, y en caso de que la víctima se negara, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, con el objetivo de forzar a la víctima a realizar el pago del transporte.
Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, lo que marcó el inicio de esta macro investigación. A partir de esa detención, se logró identificar a más personas involucradas en la red criminal y se descubrió la magnitud de las operaciones fraudulentas.
En cuanto al blanqueo de capitales, se descubrió que las criptomonedas se utilizaban como una herramienta estratégica para dificultar la detección de los fondos ilícitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que permitía su integración en el sistema financiero legítimo. Un punto clave de la investigación fue la implicación de un propietario de un locutorio en España, quien aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro. Tanto el dueño del locutorio como su pareja ingresaron unos tres millones de euros a través de cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas. Estos fondos eran luego convertidos en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, lo que dificultaba su rastreo.
La estructura de la organización era jerárquica, con distintos escalones. En los niveles más bajos, diferentes personas ubicadas en España y Colombia se encargaban de la apertura de cuentas bancarias donde se depositaba el dinero procedente de las estafas. En un escalón superior, otros miembros recibían el dinero, lo convertían en criptomonedas y lo depositaban en direcciones de criptomonedas descentralizadas. Estas direcciones eran operadas por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún, siendo estos últimos los principales líderes de la red.
En el marco de la operación, se llevaron a cabo doce registros domiciliarios: nueve en España y tres en Colombia. Durante estos registros, se incautaron teléfonos móviles utilizados para cometer las estafas y mantener contacto con las víctimas, así como propiedades, vehículos, ordenadores, máquinas contadoras de billetes, dispositivos móviles e informáticos, dinero en efectivo, billeteras frías, criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentación relacionada con los delitos.
La operación fue realizada con la colaboración de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia, Interpol, Europol y el Centro Cibernético Policial. Las víctimas de estas estafas han sido identificadas en 43 provincias de España, incluyendo Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Álava, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora.
