Los vecinos de Montornés, La Parreta y Las Palmas se sienten discriminados e inseguros

Los vecinos de Montornés, La Parreta y Las Palmas se sienten discriminados e inseguros

El Ayuntamiento de Benicàssim sigue sin dar solución a sus problemas

A los vecinos de las urbanizaciones de Benicàssim no solo les preocupa el problema de la superpoblación de jabalíes, tienen otras preocupaciones mayores, la más grave la falta de seguridad.

En los últimos 18 meses han sufrido 26 entradas en domicilios particulares cuando los propietarios se encontraban dentro de sus viviendas. Esto, lógicamente, produce una sensación de inseguridad y desasosiego entre los vecinos.

Al parecer la disculpa municipal para no tomar medidas es que ese número de delitos es, estadísticamente hablando, minoritario, algo que los vecinos contradicen afirmando que no se puede medir como mismo delito un hurto de una cartera en el mercadillo  o una entrada en una vivienda, más aún cuando se realiza en el momento que los propietarios se encuentran dentro.

No disponen en las urbanizaciones ni de cámaras de seguridad en la entrada por lo que ni los robos de vehículos quedan reflejados para poder investigar su desaparición. En la Junta de Seguridad, celebrada meses atrás, un informe del Coronel Jefe de la Guardia Civil era contrario a la aprobación de la instalación de cámaras debido a la poca incidencia, tanto de tráfico como de accidentes, por lo que no fueron autorizadas.

Pero no solo la seguridad discrimina a los vecinos de las urbanizaciones sobre el resto de vecinos de la localidad.

En Montornés, dependiendo en que parte de la urbanización residas, más baja o más alta, pagas desde un 15 a un 30% de recargo en el suministro de agua porque el Ayuntamiento consintió que la empresa suministradora cobrara los gastos de bombeo, algo que es claramente discriminatorio con el resto de los vecinos de Benicàssim.

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Por último, las urbanizaciones carecen de transporte público. Solo unos meses duró el servicio, interrumpido por el consistorio al considerarlo deficitario.

Cierto es que el Ayuntamiento, al ser menor de 20.000 habitantes, no tiene obligación de dotar de transporte público a las urbanizaciones  pero en ellas vive cerca, sino  por encima, del 10% de los vecinos del municipio y su aportación fiscal al Consistorio es muy alta.

Tristemente los vecinos te transmiten la absoluta falta de intención del Gobierno Municipal de solucionar ninguno de sus problemas.