La concentración está convocada para mañana miércoles por "la sentencia de muerte de Ribera" al Trasvase Tajo-Segura.
La organización Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha convocado una protesta para el miércoles 11 de enero frente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en contra de la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera a quien acusan de firmar la «sentencia de muerte» para el sector agroalimentario de Levante que depende del Trasvase Tajo-Segura.
La protesta comenzará en la Plaza de San Juan de la Cruz a las 10.30 horas con el lema «En el Levante, sin trasvase, desierto y paro» en referencia al acuerdo de aumentar el caudal ecológico del río Tajo hasta el año 2027 que «llevará a una disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a las provincias de Alicante, Murcia y Almería de 105 hectómetros cúbicos».
Los regantes argumentan que esta reducción en las transferencias de agua de riego causará la pérdida de 15.000 empleos y una reducción del valor patrimonial de 5.692 millones de euros, y sostienen,
No hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible.
Además, SCRATS y el Círculo por el Agua alega que la decisión carece de justificación técnica y se basa en incrementar los caudales mínimos del río Tajo, lo que conlleva a una reducción en los caudales trasvasados.
Los organizadores califican esta situación como «paradójica», ya que consideran que el Levante debe «seguir luchando» por acceder a los recursos necesarios para generar riqueza, empleo y progreso, lo cual es una «clara evidencia de que algo se está haciendo mal» en la planificación hidrológica española.
También advierten que esta disminución en las aportaciones hídricas a través del trasvase resultará en un aumento en el precio del agua para los consumidores debido a una mayor dependencia del agua desalada que es más costosa y con mayor impacto ambiental.
A pesar de ello, argumentan que las medidas para mejorar la depuración y modernizar los regadíos en la cuenca del Tajo indican que no es la falta de caudal lo que impide el buen estado ecológico del río, sino que existe una intencionalidad exclusivamente ideológica del Gobierno de España. Por esta razón, acusan al Gobierno de haber puesto «entre las cuerdas» al sector agrario con mayor índice de productividad del país y de,
Desestabilizar el futuro de toda la sociedad del Levante dejando a un lado los criterios de vertebración del territorio, sostenibilidad y solidaridad.
Han concluido.
