Los manifestantes creen que es "ilegal" imponer tasas a las embarcaciones de ayuda humanitaria de las ONG, que deberían estar "exentas" por ser "sin ánimo de lucro".
Este viernes, se llevó a cabo una concentración frente al Palau de la Generalitat en Valencia para protestar contra la reciente imposición de tasas portuarias por parte del Consell a los barcos de rescate de migrantes, como el ‘Aita Mari’. Los manifestantes consideran que esta medida es «ilegal», ya que las embarcaciones de ayuda humanitaria de las ONG, que están «legalmente constituidas y sin ánimo de lucro», deberían estar «exentas» de dicho pago.
El manifiesto leído en la protesta critica duramente la decisión de la Generalitat Valenciana, argumentando que imponer tasas a los barcos de rescate obstaculiza los esfuerzos para salvar vidas en el Mediterráneo y representa un retroceso en la defensa de los derechos humanos.
La protesta, organizada por Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), también ha cuestionado la aplicación retroactiva de estas tasas, que incluye una reclamación de 63.300 euros al ‘Aita Mari’. La ONG resalta que, desde que comenzó a operar con este barco y los anteriores, ha asistido a alrededor de 2.000 personas en el Mediterráneo. Sin su intervención, la cifra de víctimas mortales en 2023 sería aún mayor, superando las 4.000.
Íñigo Mijangos, coordinador de SMH, ha expresado su confianza en que los tribunales les «darán la razón», aunque mientras tanto deben afrontar el pago de las tasas. Mijangos también ha señalado que, con la salida de Vox de los gobiernos autonómicos, podría haber un «cambio de criterio» en torno a estas tasas, ya que uno de los objetivos de la formación era «expulsar» a las ONG de los puertos de la Generalitat.
El próximo lunes, SMH se reunirá con Marc García, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos del Consell, para solicitar una explicación sobre el cobro de estas tasas, que consideran un «gasto inesperado» y un «quebranto importante» en sus finanzas. Aunque ya se ha pagado una parte, se ha solicitado un aplazamiento para el resto. Mijangos ha admitido que la inseguridad jurídica actual podría llevar a la organización a reconsiderar su presencia en la Comunitat Valenciana.
Por otro lado, Anna Agustí, de L’Aurora Grup de Suport, ha destacado el impacto económico positivo del barco ‘Aita Mari’ en el Puerto de Burriana (Castellón), que beneficia a negocios locales como restaurantes, estancos, bares y ferreterías. Agustí ha enfatizado que la presencia del barco ha generado una economía local significativa.
En el manifiesto, se recuerda que la exención de tasas para la ayuda humanitaria es una práctica común y recomendada por las Naciones Unidas. Sin la presencia de estos barcos, la cifra de víctimas mortales en el Mediterráneo sería aún mayor y no se denunciarían las violaciones de derechos humanos que enfrentan migrantes en las fronteras europeas.
Finalmente, la protesta ha criticado la comunicación «tardía y poco clara» de la Generalitat sobre la imposición de tasas y ha rechazado las afirmaciones «inexactas» de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, quien acusó a las ONG de colaborar con las mafias de tráfico de personas. Representantes de Compromís, como Joan Baldoví e Isaura Navarro, han exigido una «rectificación» a la Generalitat y han pedido que los barcos de rescate puedan continuar atracando en el Puerto de Burriana, donde reciben apoyo local en sus tareas de emergencia.
Fotografía: X @maydayterraneo
