Defender a los menores de edad o más intervencionismo del Ejecutivo.
Es misión obligada y fundamental de padres, educadores, políticos y la propia sociedad, velar para que nuestros hijos, los administrativamente considerados menores de edad, reciban el trato adecuado y sobre todo que no estén sujetos al abuso de “malvados”, que aprovechando su probable inmadurez puedan “castigarlos” física o mentalmente.
Pero es grave, muy grave, utilizarlos con una pátina de “buenismo” para conseguir otros fines. Y máxime si esa práctica es llevada a cabo por los responsables de gestionar nuestra sociedad. Sí, los políticos.
Me pregunto si el ya “casi autócrata” Pedro Sánchez, piensa que ha sido designado por “voluntaddivina” (como en el Antiguo Régimen), para establecer las normas de moralidad de la sociedad española.
El máximo responsable del Ejecutivo, anunciaba la semana pasada una Ley que con la excusa de salvaguardar a los menores, obligará a todo tipo de usuarios a identificarse para poder visionar vídeos de contenidos sexuales.
Lo “vendía” adecuadamente, en palabras de Moncloa:
El primero, la aprobación de una ley integral para la protección de los menores en internet; el segundo, la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales, también en el ámbito de la igualdad; y, finalmente, la creación d dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a los menores de edad.
Y lo hace, porque él mismo alerta de una “auténtica epidemia de menores que tienen acceso a contenidos pornográficos”
Hasta ahí todo correcto, pero… ¿Dónde finaliza el “buenismo” y empieza el “intervencionismo”?
Aparece aquí la primera gran duda. Se arroga la potestad de salvaguardar del riesgo del “pecado” y sus efectos a los niños y adolescentes. Y parece razonable, pero… ¿Quién es él para usurpar esa potestad a padres y tutores?
La segunda duda surge con el respeto a la libertad individual
El Estado que es el centro de la organización social, debe estar sujeto a reglas decididas por todos como son las Constituciones liberales.
Reglas que deben velar por cuestiones como la propiedad, la igualdad, la seguridad y especialmente la libertad.
La defensa de dicha libertad obliga a permitir que uno decida por sí mismo sin estar controlado o fiscalizado más allá de lo que establece la Constitución.
Volviendo al tema que nos atañe, se puede y debe actuar contra los generadores de situaciones, acciones o hechos que sean perjudiciales para la sociedad y especialmente para los menores de edad, pero nunca contra la libertad de las personas.
Tercera y extremamente grave, la “fórmula milagrosa” de Sánchez puede ser una medida que atente directa y seriamente contra la privacidad de los españoles.
El hecho de facilitar nuestro DNI no solo preserva a los menores, sino que determina la inclusión en un listado del ministerio pertinente, a todos los usuarios de estas filmaciones.
El riesgo de perder el anonimato y la intimidad es obvio.
Pese a que los titulares de los ministerios y oficinas estatales directamente implicadas, se comprometan a que la información requerida será mínima y gozara de total protección, hoy en día tenemos derecho a tener dudas razonables sobre dicha protección. Quién nos asegura que en el famoso “lodazal”, al que nos tienen acostumbrados ciertos políticos de izquierdas en estos tiempos, ¿no se utilizaran dichos datos con intereses espurios?
Hace escasos días la Sra. del Presidente, pedía que no se filmara su declaración ante el Juez, porque tenía serias dudas sobre el respeto a la confidencialidad de las mismas. Y estamos hablando de la mujer del presidente, poder Ejecutivo y de otro de los pilares del Estado de Derecho como es el poder Judicial.
Esta es la sensación de confidencialidad que nos transmiten a los españolitos de a pie.
Después de ver que hasta la Fiscalía General del Estado facilita irregularmente información reservada, ¿podemos afirmar que el listado completo de DNI de usuarios de este servicio, no invadirá las redes sociales?
Un «carnet digital» para controlar el consumo de este tipo de películas pasará a formar parte de una base de datos de “consumidores de pornografía”. Que cuanto menos será accesible y controlada por el Gobierno. E insisto tras los últimos episodios vividos, ¿algún ingenuo piensa que no serán utilizadas cuando sus intereses políticos lo requieran?
Será discutible, lo procedente o improcedente de la pornografía, pero mientras exista real y legalmente, se tendrá que respetar la libertad de las personas mayores de edad a decidir sobre su consumo. Y por supuesto salvaguardar su privacidad e intimidad.
¿Hasta dónde llegará pues, el intento de INTERVENCIONISMO del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón?
Miguel Ángel Mulet i Taló
