Multas de hasta 3.000 euros en Riba-roja por solicitar servicios sexuales

Multas de hasta 3.000 euros en Riba-roja por solicitar servicios sexuales

Riba-roja de Túria aprueba una ordenanza pionera contra la prostitución y la explotación sexual.

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia) ha dado luz verde a su primera ordenanza municipal abolicionista de la prostitución y la explotación sexual, estableciendo sanciones de hasta 3.000 euros para quienes soliciten servicios sexuales en zonas cercanas a colegios, parques o lugares con escasa visibilidad.

La iniciativa, impulsada por el gobierno del PSPV, contó con el respaldo de PP, Compromís, EU-Podem, y la abstención de Vox.

Una ordenanza que protege derechos y busca erradicar la explotación sexual

Esta normativa forma parte del primer plan abolicionista aprobado en el municipio el pasado mes de noviembre. Su objetivo principal es abolir la prostitución, así como otras formas de explotación sexual, y proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional. La ordenanza también tiene como finalidad garantizar la convivencia en el espacio público, permitiendo que toda la ciudadanía pueda ejercer sus derechos libremente.

Desde la perspectiva de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, la normativa considera víctimas a todas las mujeres en situación de prostitución, sanciona la demanda de servicios sexuales como causa principal de su existencia, y adopta un enfoque integral que incluye medidas de protección y defensa para las mujeres prostituidas.

Sanciones de hasta 3.000 euros

La ordenanza establece tres categorías de infracciones con sus respectivas sanciones:

  1. Infracciones leves: Estas se sancionarán con multas de 500 a 750 euros. Incluyen acciones como colocar, repartir o difundir publicidad que fomente la prostitución o el turismo sexual en espacios públicos.
  2. Infracciones graves: Se refieren a conductas como solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, así como realizar actividades sexuales en el espacio público a cambio de retribución. Las multas para estas infracciones oscilan entre 750,01 y 1.500 euros. También se sanciona colaborar con demandantes de servicios sexuales o promover el consumo de prostitución.
  3. Infracciones muy graves: Se aplicarán cuando las infracciones graves se cometan a menos de 200 metros de centros educativos, lugares con afluencia infantil, espacios destinados a eventos culturales, festivos o deportivos, o en zonas de especial vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución. Estas infracciones serán castigadas con sanciones de entre 1.500,01 y 3.000 euros.
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Aplicación a menores y prescripción de sanciones

La ordenanza también contempla su aplicación a menores de edad, entre los 14 y 18 años, que hayan cometido infracciones tipificadas. En estos casos, las sanciones económicas podrán sustituirse por actividades de servicio público con interés social y valor educativo. Estas medidas buscan que los jóvenes comprendan la gravedad de su conducta y modifiquen su comportamiento en el futuro.

En cuanto a la prescripción de las sanciones, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. El plazo comenzará a contarse desde el día en que se cometa la infracción.

Criterios para la graduación de sanciones

La gravedad de las sanciones dependerá de factores como la trascendencia social de la infracción, la intensidad de la perturbación hacia otras personas, la existencia de reiteración, la relación entre el infractor y la víctima, y los beneficios obtenidos por el infractor.

Reconocimiento institucional

La concejala de Igualdad, Raquel Pamblanco, celebró esta medida y destacó su importancia: «Es un paso muy importante en la defensa y la protección de las mujeres que son víctimas de la explotación sexual, con un plan abolicionista pionero en España y que incluso ha merecido ya el reconocimiento de algunas instituciones públicas. De esta forma nos situamos en un lugar destacado en la defensa de los derechos humanos».

Con esta ordenanza, Riba-roja de Túria se posiciona como un municipio líder en la lucha contra la prostitución y la explotación sexual, reforzando su compromiso con los derechos humanos y la igualdad.