Se han encontrado indicios de que se llevaron a cabo incineraciones fraudulentas, ya que supuestamente se introducían varios cuerpos en un mismo féretro
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha decidido imputar a cuatro personas que estaban siendo investigadas por presuntamente haber creado una trama desde una empresa funeraria para obtener beneficios a costa de cadáveres donados a la ciencia.
Según el magistrado, las diligencias realizadas han revelado suficientes indicios de delitos de estafa y falsedad documental, tanto de documentos públicos como privados, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El juez ha emitido autos de procedimiento abreviado contra los implicados, que incluyen a dos empleados y dos responsables de la empresa, en el contexto de dos causas que se seguían por estos hechos: una relacionada con un cadáver y otra con los cuerpos de otros siete difuntos.
En la primera causa, hay indicios de que los investigados conspiraron para falsificar un documento que afirmaba erróneamente que un ciudadano francés, cuyo cadáver fue recogido por dos de ellos en diciembre de 2002 del mortuorio del Hospital La Fe de Valencia y llevado posteriormente a una universidad privada, había donado su cuerpo a la ciencia.
Asimismo, el auto judicial del 22 de septiembre señala que en otro documento se utilizó un nombre falso para ocultar la identidad real de uno de los empleados de la funeraria que participó en la recolección de los restos mortales. Esta documentación fue presentada tanto al Hospital La Fe como al Registro Civil de Valencia con la intención de obtener un beneficio económico por la gestión de servicios funerarios. De hecho, la empresa emitió una factura de 1.331 euros en enero de 2023, la cual fue anulada en mayo del mismo año.
La segunda causa, también instruida por el mismo juzgado, se refiere a los trámites realizados por la misma funeraria en relación a los cadáveres de otras siete personas fallecidas entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. En este caso, el juez expresa «serias dudas» sobre «la veracidad de los documentos de donación» de los cuerpos a la ciencia, además de indicios de que se llevaron a cabo incineraciones fraudulentas, ya que supuestamente se introducían varios cuerpos en un mismo féretro, a pesar de que luego se facturaban por separado.
Constan en la causa nueve facturas de incineración de cadáveres, con montos entre 1.331 y 1.784 euros, emitidas a una universidad privada entre enero de 2018 y 2023, sin que se acredite que la incineración se realizara en algún crematorio de Valencia; de hecho, se alega que los restos mortales fueron incinerados junto a otros distintos. Además, se incluyen dos facturas de 2021 a la Facultad de Medicina de una universidad pública de Valencia por trámites funerarios de otros dos casos en los que tampoco hay constancia de incineración.
El juez señala que esta trama de enriquecimiento injusto a expensas de la Universidad CEU y la Facultad de Medicina de Valencia es especialmente preocupante, dado que involucra actividades relacionadas con cadáveres. En su resolución, enfatiza que, aunque en el ámbito jurídico los cuerpos son considerados «objeto», no se puede olvidar que se trata de «restos humanos, de personas fallecidas que merecen respeto y consideración».
El magistrado concluye que la «trama urdida» por los cuatro investigados presuntamente simuló, inventó o falsificó la donación de cuerpos a la ciencia «con el fin de emitir gastos por servicios funerarios que de otro modo no habrían conseguido».
Los autos de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado marcan el final de la fase de instrucción y convocan a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para solicitar la apertura del juicio oral, ya sea formulando un escrito de acusación, solicitando el sobreseimiento o, excepcionalmente, practicando diligencias complementarias.
Ambas resoluciones pueden ser recurridas en reforma ante el propio Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia y/o en apelación ante la Audiencia Provincial.
