La ley establece los medios, tanto internos como externos, que garantizan el anonimato y la confidencialidad de las personas que denuncien prácticas corruptas e ilegales tanto en la Administración Pública como en el sector privado.
El Senado aprobó la nueva normativa de protección para aquellos que informen sobre infracciones a la ley europea y nacional. La ley fue aprobada con 147 votos a favor, 106 en contra y 4 abstenciones y será revisada nuevamente por el Congreso para su aprobación final.
La normativa regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cumpliendo con los objetivos del Gobierno en la lucha integral contra la corrupción y el acuerdo de coalición. La ley cumple también con la directiva europea de 2019, conocida como Whistleblowers.
El senador socialista por Castellón, Artemi Rallo, destacó,
La aprobación de esta normativa es una obligación legal y europea para garantizar la ética pública en el país. Además, mencionó que esta ley ayudará a prevenir el fraude y la corrupción, fomentar la integridad y la ética pública, y promover una cultura cívica que rechace la corrupción.
En este sentido, Rallo ha reivindicado la defensa del Partido Socialista en cuanto a la necesidad de una ley que proteja a quienes denuncien prácticas corruptas e ilegales tanto en la Administración Pública como en el sector privado. Según él, el Partido Socialista ha defendido esta ley desde siempre, y no sólo cuando la directiva europea fue aprobada en 2019, sino que ya en su programa electoral de 2015 incluían la regulación de esta protección.
También impulsaron una comisión específica en el Congreso de los Diputados para combatir la corrupción y la falta de calidad democrática. Además, en las comunidades autónomas donde tienen presencia mayoritaria, han adoptado leyes de este tipo.
Rallo también ha señalado que la corrupción es una preocupación para la sociedad porque afecta la gobernabilidad, la confianza en las instituciones, los derechos ciudadanos y el crecimiento económico. Por lo tanto, ha afirmado,
Es esencial la colaboración de la sociedad para luchar contra el fraude y la corrupción.
El senador del PSOE ha mencionado que el proyecto de ley fue aprobado en el Congreso de los Diputados con un amplio consenso, «consenso que solo fue rechazado por la derecha y la extrema derecha, el Partido Popular y Vox«.
Rallo ha cuestionado la actitud del Partido Popular, afirmando que «siempre, siempre, siempre ha sido reacio a luchar contra la corrupción y a adoptar medidas en esa dirección». También ha mostrado su sorpresa porque «el PP se niegue a cumplir con sus obligaciones en relación a la Unión Europea».
El PP ha sido reacio siempre a luchar contra la corrupción.
Finalmente, Artemi Rallo ha enfatizado que esta ley «va más allá de la simple transposición de la Directiva 2019/1937». «Refuerza la cultura de la información y la integridad pública, agrega infracciones penales o administrativas graves o muy graves, obliga a crear canales internos de información para partidos políticos, sindicatos, empresas y fundaciones financiadas con dinero público, extiende esta obligación a todo el sector público y crea una Autoridad Estatal Independiente de Protección del Informante para gestionar un canal externo de denuncias, adoptar medidas de protección para los informantes y sancionar las violaciones, y promover la cultura de la integridad pública».
Una ley oportuna, necesaria y ambiciosa.
Ha concluido.
La ley para proteger al informante
La senadora María Ángeles Luna ha afirmado que la nueva ley es «altamente necesaria» y su objetivo es «asegurar la transparencia, brindar seguridad jurídica al informante y prevenir el fraude y la corrupción».
Además, Luna ha resaltado que la ley establece los medios, tanto internos como externos, que garantizan el anonimato y la confidencialidad, así como especifica las situaciones en las que la denuncia no será admitida para proteger los derechos del denunciado.
Las personas y sus entornos que denuncien acciones u omisiones graves o muy graves que constituyen una infracción penal o administrativa, estarán protegidos por el Estado y no serán criminalizados socialmente, debido a la garantía de esta ley y al sistema de sanciones establecido en ella para evitar las represalias y sus consecuencias.
Ha recalcado.
Después del debate y la votación, la ley ha recibido el apoyo de la Cámara (147 votos a favor, 106 en contra y 4 abstenciones) y, debido a las enmiendas introducidas para mejorar el texto, incluida una enmienda técnica del Grupo Socialista, deberá regresar al Congreso para su aprobación final y su entrada en vigor.
