LA UNIÓ pide reforzar la vigilancia en las zonas rurales y coordinar a las distintas fuerzas de seguridad del Estado entre otras acciones.
La Unió Llauradora denuncia una serie de robos que han tenido lugar en varias comunidades de regantes de la Plana Baixa a lo largo de este año, generando un costo total que supera los 200.000 euros. En una de las comunidades afectadas, las pérdidas ya superan los 80.000 euros debido a estos robos.
El valor de los daños se incrementa significativamente porque los objetos robados incluyen hidrantes y contadores de riego, elementos de alto costo.
Tanto las comunidades de regantes como los agricultores se sienten impotentes ante esta creciente ola de robos, ya que implica un gasto adicional en el mantenimiento de las instalaciones de riego.
Además, se enfrentan a problemas con las compañías de seguros, ya que, al experimentar varios robos consecutivos, estas compañías a menudo limitan su cobertura o aumentan significativamente las tarifas de las pólizas, volviéndolas prácticamente inasequibles.
La dificultad persiste incluso después de presentar denuncias, ya que muchos casos quedan sin resolver debido a los altos requisitos de prueba.
Los ladrones operan de manera estratégica, robando solo unos pocos contadores a la vez y regresando en otro momento para evitar ser detenidos o sancionados de manera significativa.
Estos robos también causan daños considerables en las casetas donde se encuentran los contadores, ya que los ladrones forzan las puertas para acceder a las instalaciones. Además, las instalaciones de riego por goteo también sufren daños. Una vez dentro, los delincuentes se llevan todo lo que encuentran.
La Unió Llauradora destaca que, además del valor del material robado, que de por sí es significativo, los costos de reparación son siempre muy elevados.
En un momento en que los ingresos agrícolas están disminuyendo, estos gastos adicionales para reparar los daños causados por los robos resultan contraproducentes.
LA UNIÓ hace un llamado a reforzar la vigilancia en las zonas rurales y a coordinar eficazmente a las distintas fuerzas de seguridad del Estado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y las policías locales con el fin de prevenir futuros robos.
La organización insiste en la importancia de aumentar los presupuestos destinados a la seguridad en áreas rurales y equiparar los derechos y responsabilidades de los habitantes rurales con los de las zonas urbanas. LA UNIÓ propone fortalecer los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente los equipos ROCA, para mejorar la seguridad en entornos rurales y combatir los robos en explotaciones agrícolas.
LA UNIÓ hace hincapié en la necesidad de perseguir el comercio de mercancía robada, ya que considera que aquellos que compran productos robados son cómplices.
La organización destaca la importancia de la vigilancia como medida disuasoria, pero también aboga por garantizar la aplicación de la justicia y perseguir las redes de comercialización ilegal. En este sentido, insta a llevar a cabo inspecciones en almacenes o chatarrerías sospechosas de comerciar con productos robados.
Otra de las demandas de LA UNIÓ es simplificar y agilizar el proceso de presentación de denuncias por parte de las personas afectadas, ya que en muchas ocasiones desisten de hacerlo debido a las dificultades que enfrentan.
