Desde CCOO y UGT exigen la intervención del President de la Generalitat Valenciana "en el conflicto que la Dirección mantiene con el personal del centro".
Después de revisar los informes de amortización de plazas de personal funcionario y laboral enviados por la Dirección del Consorcio de Hospital Provincial de Castellón, desde la «decepción», CCOO y UGT proporcionan un resumen de los mismos:
En el Área de Enfermería, se está amortizando una plaza de enfermería y otra de TCAE «a pesar de que varios informes indican un aumento en la actividad asistencial. Por otro lado, la modificación de la plantilla de Supervisores no cumple con la legalidad«. Denuncian los sindicatos.
En el Área Médica, «es sorprendente observar un doble estándar por parte de esta Dirección, ya que se están amortizando plazas en algunas especialidades para crearlas en otras, lo que sacrifica al personal que se encuentra en excedencia voluntaria y cierra las puertas a una futura reincorporación».
Desde CCOO y UGT señalan que, «resulta sospechoso el hecho de que se estén amortizando 2 plazas de Radiólogos laborales para crear una estatutaria». El Servicio de Radiología se encuentra bajo una presión considerable, especialmente debido a las revocaciones de prórrogas de jubilaciones que la Dirección ha realizado anteriormente. Además, «este servicio aún no cuenta con un Jefe de Sección, y existe presión desde el sector privado para obtener el control del Servicio«.
Resulta curioso el informe de amortización del puesto de Jefa de la Unidad PRL, ya que la ley misma indica su imposibilidad debido a su naturaleza de Jefatura.
Los sindicatos asimismo, destacan, que en el Área Administrativa, «se plantea la creación de plazas de Técnico de Administración General en servicios que están externalizados y que recién han finalizado el plazo de presentación de ofertas. Es decir, las funciones básicas que justifican la existencia del servicio las realiza una empresa externa, lo que agrava la situación al existir ya un TAG en ese servicio. En consecuencia, parece que no solo no es necesario el TAG existente, sino que se propone la creación de otro. Esta falta de coherencia es una constante en la mayoría de los informes emitidos».
Desconocemos si tienen claro el organigrama del Consorcio, con el número adecuado de personas en cada Unidad y sus respectivas tareas. Si no disponen de este organigrama, como parece deducirse de los informes, entendemos pero no aprobamos las decisiones erráticas que están tomando en cuanto a recursos humanos.
CCOO y UGT, recuerdan que se están creando plazas de TAG (A1) y de Auxiliar administrativo (C2), sin considerar la necesidad de Administrativos (C1) o Técnicos Medios (A2). «Entonces, ¿quién realiza las tareas correspondientes a estos últimos? Parece haber mucha jerarquía con personal poco cualificado, personal que, con su salario, asume roles de mayor responsabilidad».
En consecuencia, están truncando la posibilidad de promoción profesional del personal al amortizar plazas que luego recrean en la categoría más baja de esa especialidad o simplemente las eliminan. Por ejemplo, amortizan una plaza de Secretaria Administrativa argumentando la falta de contenido funcional, lo que impide la progresión del personal.
Los sindicatos insisten en que «es necesario destacar el caso del informe sobre la plaza de Administrador General, que intentan amortizar al no considerarla funcional dentro de la estructura organizativa. Si hubieran consultado los Estatutos del CHPC (que se estudian al opositar aquí), sabrían que es un órgano de dirección claramente establecido en los mismos».
La falta de reconocimiento de los laborales temporales y la omisión de los funcionarios interinos en los procesos de estabilización establecidos por la ley 20/21 los condena a un aumento en las listas de desempleo.
Por todas estas razones, desde CCOO y UGT exigen la intervención del Sr. Mazón en el conflicto que la Dirección mantiene con el personal del centro. «Demandamos la retirada de los expedientes disciplinarios y la revocación de las jubilaciones ya concedidas, así como la apertura de una mesa de diálogo con las organizaciones sindicales en el ámbito del sector público instrumental». Concluyen.
