El plan de trabajo aprobado por el PP y Vox contempla la citación de 40 dirigentes de organismos públicos y se añadirán nuevas comparecencias.
La comisión de investigación de irregularidades en el sector público de la Generalitat entre 2016 y 2023 ha aprobado este jueves un plan de trabajo con los votos a favor del PP y Vox. Este plan incluye las comparecencias de los exconsellers Gabriela Bravo y Vicent Marzà.
Además, se convocará a otros exaltos cargos como María José Mira, Enric Nomdedeu, Eva María Hernández, Anaïs Menguzzato, José María Ángel y Manuel Illueca, entre otros.
La creación de esta comisión fue propuesta por el PP y Vox y aprobada a finales de febrero con el apoyo de sus socios de gobierno, mientras que el PSPV-PSOE y Compromís se opusieron. Estos últimos propusieron ampliar la investigación desde la creación de cada entidad o desde 1995 hasta la actualidad e incluir entidades ya extinguidas.
La comisión se constituyó a principios de abril, aunque el plazo para presentar los planes de trabajo, que incluían las propuestas de comparecientes y el calendario de desarrollo, finalizó a mediados de junio.
El plan de trabajo aprobado por el PP y Vox contempla la citación de 40 dirigentes de organismos públicos.
No obstante, diputados del PP han indicado que este plan «está vivo» y se añadirán nuevas comparecencias.
Las comparecencias se llevarán a cabo de cinco en cinco los jueves de las semanas sin pleno, de 9:30 a 15:30 horas. Se iniciarán con el viceinterventor de control financiero y auditorías de la Generalitat, Ignacio Pérez López, y el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella.
El PSPV-PSOE propuso sin éxito incluir también a los últimos responsables del sector público hasta 2015, como los exconsellers Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Carlos Moragues, así como a los responsables entre 2011 y 2015 de entidades como el IVAM, RTVV, Vaersa, Cacsa o Ciegsa.
Compromís, por su parte, presentó un plan de trabajo que incluía las comparecencias de directores generales de varias Consellerias hasta julio de 2015, cuando el Consell del Botànic asumió la gestión tras veinte años de gobierno del PP.
La diputada de Compromís, Isaura Navarro, argumentó que es «imposible entender el funcionamiento del Consell del Botànic sin conocer la herencia de los gestores anteriores» y consideró «evidente» que el objetivo del PP y Vox es «generar titulares de prensa y manipular a la opinión pública«.
Toni Gaspar, diputado socialista, también destacó la necesidad de llamar a declarar a los gestores anteriores a 2015 en lugar de fomentar «investigaciones prospectivas».
No esperamos nada de esta comisión; no es beneficiosa para los valencianos.
Añadió, recordando que hay «170 sentencias de la etapa anterior del PP».
Por el contrario, la diputada de Vox, María Teresa Ramírez, advirtió sobre las irregularidades en la contratación pública y de personal en el sector público, según informes de la Sindicatura y la Intervención.
Se ha puesto el foco sobre posibles negligencias. Parece que se ha utilizado el sector público para corresponder favores y crear redes clientelares. Si ustedes, el PSPV y Compromís, encontraron lo mismo, deberían haberlo denunciado.
Finalmente, el diputado popular Fernando Pastor subrayó que la comisión «no surge por ocurrencia ni capricho, sino por los casos de contratación irregular, duplicidad de gasto, falta de rigor o compensaciones a personal al margen de la ley que denuncia la Intervención».
