Mazón explica que es "despolitización en la recuperación de fondos de corrupción para incluir todos los casos".
El PSPV de Castelló califica de «inadmisible» y de tener «escasa talla política» la decisión tomada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón,
Eliminar la oficina jurídica que fue creada por Ximo Puig para recuperar los fondos desviados debido a la corrupción del PP en administraciones anteriores.
La portavoz socialista en la provincia, Ruth Sanz, reprocha al líder del Consell su elección de un periodo festivo para anunciar la disolución de una entidad «cuyo propósito era restituir a la ciudadanía lo que la trama corrupta del PP sustrajo de los bolsillos de los valencianos y valencianas».
Es enormemente indecente que el PP, desde el gobierno, priorice sus intereses partidistas por encima de los intereses generales. Carlos Mazón tiene la responsabilidad de asegurarse de que cada euro robado por sus colegas regrese a las arcas públicas y se utilice para mejorar la calidad de vida de la población.
Ruth Sanz critica que «los valencianos nos encontramos desamparados por un gobierno que solo piensa en ocupar cargos y que priva a la ciudadanía de recuperar los más de 12.000 millones de euros malversados por el PP en grandes eventos o transferidos a cuentas bancarias de unos pocos«. »
El precio de la corrupción seguirá siendo altísimo.
La representante del PSPV provincial lamenta que la Generalitat esté «abriéndose nuevamente a las malas prácticas del pasado» y asegura que los socialistas «seremos un muro de contención contra las artimañas de la derecha».
Hemos invertido muchos años en reconstruir la imagen, el prestigio y la integridad de nuestra región, que se vio devastada por la corrupción, y no nos encontrará inactivos.
En la esfera política, «seguiremos trabajando para rehabilitar la imagen democrática de la Comunitat Valenciana mediante la representación del partido en casos judiciales y la ejecución de sentencias».
Mazón dice que es «Despolitización en la Recuperación de Fondos de Corrupción para incluir todos los casos»
Este martes, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró que se ha llevado a cabo una «despolitización» en el proceso de recuperación de fondos relacionados con casos de corrupción, con el objetivo de abordar «todos» los casos con profesionalismo.
Mazón hizo estas declaraciones en respuesta a preguntas sobre la eliminación de la Oficina de Recuperación de Activos, cuyas funciones ahora serán responsabilidad de la Abogacía de la Generalitat. En este sentido, Mazón aclaró,
No se trata de una eliminación, sino de una despolitización.
«Es fundamental recuperar cualquier activo que pertenezca al patrimonio de los valencianos, esto incluye cualquier asunto relacionado con el hermano del presidente o los materiales relacionados con la COVID-19 que algunos dejaron de reclamar», enfatizó.
Es necesario hacerlo de manera equitativa y con un enfoque profesional.
Concluye.
Esta oficina, creada por Ximo Puig, recuperaba dinero público desviado por la corrupción
Este organismo tenía la función de monitorear los procesos legales que se están investigando y que representan un daño financiero para la Generalitat.
El propósito de esta agencia era supervisar y fomentar la acción de la Abogacía General de la Generalitat en casos específicos, así como demandar la ejecución de sentencias cuando las acciones hubieran ocasionado un perjuicio económico a la Generalitat debido a actos fraudulentos por parte de autoridades y empleados públicos.
El objetivo principal era recuperar para el erario público el dinero que había sido desviado debido a la corrupción.
Hasta enero de 2023, estas acciones permitieron reintegrar 8.130.139 euros a las arcas públicas, además de otros cinco millones que todavía estaban pendientes de recuperación.
Ejemplos de esto incluyen el caso Cooperación, durante la presidencia de Francisco Camps, donde se desviaron alrededor de seis millones de euros de los fondos destinados por la Generalitat para la cooperación con naciones del Tercer Mundo. También el caso Emarsa, relacionado con una entidad de tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de Valencia, en el cual dirigentes del PP pagaron sumas millonarias por servicios y suministros inexistentes.
La oficina también ha estado involucrada en procedimientos administrativos, como la reclamación al PP por una deuda de más de 20.000 euros por el alquiler del Palau de la Música, propiedad pública, debido a un mitin electoral celebrado en 2011.
Esta entidad constituía una réplica de las instauradas en numerosos países y, en 2015, por el propio Gobierno de España bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Estas oficinas tienen como objetivo privar a las organizaciones delictivas de las ganancias derivadas de sus actividades criminales, como el tráfico de drogas, armas o el lavado de dinero
En el contexto autonómico, se enfocaba en activos desviados o adquiridos a través de prácticas corruptas por parte de autoridades o funcionarios, perjudicando a la Generalitat Valenciana. Por ejemplo, en febrero de 2022, cuando las autoridades suizas comenzaron a liberar y transferir a España más de 43 millones de euros depositados en diferentes bancos suizos por algunos condenados en el caso Gürtel,
La Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat solicitó que se ejecutaran las responsabilidades civiles de los corruptos, con el objetivo de que las arcas públicas valencianas recuperaran 3,2 millones de euros.
Esto se debía a la contratación irregular de pantallas durante la visita papal en julio de 2006.
Otra de las tareas desempeñadas por este organismo involucraba realizar un cálculo preciso del perjuicio económico ocasionado por el caso Erial, en el cual se encuentra implicado el expresidente Eduardo Zaplana. Este perjuicio afecta las finanzas públicas debido a las supuestas asignaciones irregulares de los proyectos eólicos valencianos y las concesiones de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).
La oficina tenía como objetivo compilar toda la información necesaria para ser presentada ante el tribunal y, de esta manera, definir la reclamación específica para el próximo juicio, que se tiene previsto comenzar en enero.
