El PSPV de Castelló ha presentado una Declaración Institucional para exigir al Consell la adquisición de las 500 viviendas de alquiler social.
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castellón ha formulado una propuesta de Declaración Institucional con el objetivo de exhortar a la Generalitat Valenciana a reanudar las negociaciones con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y adquirir las 500 viviendas destinadas al alquiler social en la Comunidad Valenciana. Además, se insta a estudiar nuevas medidas que impulsen un incremento en el parque de viviendas sociales.
Este documento, que será debatido el próximo lunes en la Junta de Portavoces para su inclusión en el pleno del jueves 21 de diciembre, hace referencia a la decisión del actual gobierno valenciano de suspender una operación que fue cerrada hace diez meses por el ejecutivo autonómico del Botànic.
Esta iniciativa, según la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, «iba a permitir aumentar de forma notable el parque de viviendas sociales de la Comunidad Valenciana».
En febrero de 2023, la Vicepresidencia Segunda y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, junto con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), anunciaron un acuerdo para la transmisión de alrededor de 500 viviendas destinadas al alquiler social. Esta operación, impulsada desde el Botànic, respondía a una demanda social significativa en la Comunidad Valenciana, respaldada por sectores relevantes de la sociedad civil, así como por la patronal y los sindicatos más representativos en el ámbito del diálogo social. Recuerda la portavoz socialista.
El principio de acuerdo situaba a la Comunidad Valenciana como la primera autonomía en ampliar de manera significativa el parque público de viviendas mediante activos de Sareb, reflejando así la ampliación del parque público de viviendas como una gran prioridad para la Generalitat.
Durante la legislatura comprendida entre 2019 y 2023, la Generalitat Valenciana llevó a cabo la adquisición de 1.262 viviendas en 98 municipios del territorio valenciano, con una inversión total de 76.087.170 euros. Estas adquisiciones se sumaban a las 500 viviendas proyectadas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que representaba un paso importante para continuar fortaleciendo el parque público de viviendas.
Sin embargo, la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas de mayo generó una desaceleración en la operación. Ahora, cinco meses después del cambio de gobierno en la Generalitat Valenciana, se informa que la actual administración autonómica ha detenido la compra de estas 500 viviendas a la Sareb destinadas al alquiler social.
Un estudio realizado en septiembre por la Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón proporciona datos actualizados sobre el censo de viviendas sociales, que asciende a 240 unidades.
De estas, 50 se ubican en la calle Obispo Salinas, 20 en las calles Huesca y Martínez de Tena, 6 en el Grau de Castellón, 12 en el barrio de Perpetuo Socorro y 52 dispersas en diferentes zonas del municipio.
A pesar de estos números, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, destaca que «el aumento de los precios de alquiler y las necesidades económicas de numerosas familias hacen necesario seguir apostando por políticas claras y decididas que permitan aumentar el parque de viviendas sociales«. Puerta espera el respaldo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Castellón a esta propuesta.
