La querella se basará en delitos de imprudencia, negligencia y omisión del deber de socorro, y no se centrará solo en las decisiones de los responsables políticos.
La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos ha comunicado este miércoles que un total de 150 familias de víctimas de la DANA se han adherido a la querella criminal que se presentará el próximo mes de febrero en la Audiencia Nacional, relacionada con la gestión de la emergencia provocada por las riadas en la provincia de Valencia, que dejaron un trágico saldo de 224 fallecidos y tres desaparecidos.
El presidente de la entidad, Joaquín Amills, ha explicado que el equipo de profesionales que trabaja en esta querella se desplazará a València el próximo 26 de enero para reunirse con los afectados. Sin embargo, ha matizado que dicho encuentro será de carácter privado y no se informará a los medios de comunicación sobre su desarrollo.
Amills ha señalado que esta acción judicial se iniciará en la vía penal principalmente contra las administraciones locales, el gobierno autonómico y el central. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de incluir en la querella a la Diputación de Valencia, dado que esta institución «tiene responsabilidades sobre los municipios menores de 20.000 habitantes». En declaraciones a EFE, el presidente de SOS Desaparecidos también ha subrayado que «no estamos cerrados a nada» en cuanto a las posibles responsables del desastre.
Uno de los principales puntos que ha destacado Amills es la falta de información sobre lo sucedido. Ha indicado que «el problema es que apenas hay información y alguna de la que había está desapareciendo de páginas web, portales de transparencia o redes sociales, incluso alguna de la Generalitat». Ante esta situación, el presidente de SOS Desaparecidos ha adelantado que, «una vez admitida a trámite esta querella, se pedirá toda esa información al juez».
La querella se fundamentará en delitos de imprudencia, negligencia u omisión del deber de socorro, y no se limitará exclusivamente a las decisiones u omisiones de los responsables políticos durante el 29 de octubre y los días posteriores. En su lugar, se busca determinar responsabilidades sobre lo que no se hizo y que podría haber evitado mayores daños.
Fotografía portada: Archivo – Dana Valencia.
