El ‘concejal 134’ no aclara lo de sus multas pero con una denuncia penal consigue que declare como investigado el edil que destapó el caso.
Que el PP y los partidos ultras intentan utilizar la Justicia de forma reiterada con intereses partidistas es una evidencia. Y hay que reconocer que, a menudo, con éxito, porque suelen conseguir salvarse de condenas cantadas vía prescripción o defectos de formas, y enmarronar al adversario con querellas puestas de forma estratégica el día D y a la hora H en el juzgado más apropiado.
Pero hay otras vías de utilización partidista de la Justicia, como por ejemplo, la emprendida por el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, quien después de medio año sigue sin aclarar el extraño caso de sus multas, aunque se ha permitido el lujo de llevar ante un juzgado al concejal del PSPV-PSOE que destapó el escándalo: Jorge Ribes. El socialista hubo de comparecer como investigado el pasado martes ante el juzgado de instrucción número 4 a raíz de la querella penal interpuesta por Ramírez por la supuesta comisión de un delito de revelación de secretos.
Dicho de otra forma: el mundo al revés. Un concejal de la oposición cumple con su función y destapa que un político del equipo de gobierno presuntamente no ha pagado 134 multas y quien tiene que dar cuentas ante la Justicia es el denunciante y no el infractor.
Al denunciar por lo penal a Jorge Ribes el concejal 134 lanza un mensaje nítido: quien se atreva a realizar nuevas denuncias ha de saber que corre el riesgo de comparecer ante un juzgado como investigado.
Y digo infractor porque a las pocas horas de destaparse el chanchullo el portavoz del equipo de gobierno popular reconoció que el edil había procedido al pago de 29 multas pendientes, algunas de ellas del periodo en el que ya ejercía como responsable de la gestión de la zona azul municipal.
El caso, naturalmente, sigue sin aclarar, porque lo que Jorge Ribes denunció el pasado mes de enero fue el presunto impago de 134 multas de la zona azul y, desde entonces, ni el propio Ramírez, ni la alcaldesa Carrasco, ni el locuaz portavoz Sales han tenido a bien explicar los detalles del asunto, el recorrido de las sanciones o si éstas se han pagado.
Lo que sí se sabe es que el concejal 134 tiene la firme intención de amedrentar a la oposición, solo así se entiende que haya recurrido a la vía penal. El mensaje es claro: el próximo que se atreva a sacar un trapo sucio se arriesga a verse en un juzgado, lo que sin duda conlleva un importante gasto económico en abogado y procurador y una manifiesta intranquilidad personal.
Procede arropar a los concejales de la oposición en su tarea de control al equipo de gobierno municipal para que nadie tenga la tentación de aprovecharse de su situación de privilegio
¿Por qué se lanza esta advertencia, acaso pueden salir más cosas? ¿Y por qué alguien que acumulaba tantas multas seguía aparcando mal, esperaba que ocurriera algo y la denuncia de Ribes desbarató sus planes?
Lo desconozco, no tengo respuestas para estas preguntas, pero de lo que sí soy consciente es de que tenemos la obligación de salvar al soldado Ribes. Quienes vivimos, votamos, tributamos y pagamos las multas en Castelló, necesitamos que la oposición esté ojo avizor para que nadie se crea más que nadie y sucumba a la tentación de abusar de su posición de privilegio.
En consecuencia, lo que procede es arropar y dar las gracias al concejal Ribes por la labor realizada, hoy se trata del soldado Ribes pero mañana pueden ser los soldados Puerta, Ibáñez, Barabás, García, Sancho, etc, etc. Todos ellos tienen la obligación de velar por nuestros derechos y el fair play municipal.
Rafa García. Periodista
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