Según el PPCS, el Ayuntamiento no ha pagado los gastos de escalera de una vivienda social

Según el PPCS, el Ayuntamiento no ha pagado los gastos de escalera de una vivienda social

Se trata del inmueble ubicado en el Grupo 14 de Junio, un complejo de múltiples bloques, que contabiliza doscientas sesenta residencias, entre las que hay viviendas de protección social.

 

Conforme comunicado recogido por Castellón Diario, desde la formación del Partido Popular de Castellón, su concejal, Juan Carlos Redondo, expone que «La política de vivienda del gobierno de Amparo Marco en Castellón prosigue dando que hablar y no exactamente para bien, cuando ha trascendido un decreto de Alcaldía que reconoce el impago del Consistorio de Castellón a lo largo de 4 años (dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós) a una comunidad de vecinos, pertinente a las contribuciones de la escalera de una vivienda social de propiedad municipal«.

Desde la formación popular en Castellón, insisten,

«El equipo de gobierno de la regidora socialista Amparo Marco se ha visto obligado a abonar prácticamente dos mil quinientos euros para saldar esta deuda por impago, más el recargo pertinente. Se trata del inmueble ubicado en el Grupo 14 de Junio, un complejo de múltiples bloques, que contabiliza doscientas sesenta residencias, entre las que hay viviendas de protección social destinada a acoger familias bajo riesgo de exclusión social».

Redondo asevera que hay políticas de «descalabro» desde concejalía de Vivienda,

Una muestra más del descalabro en la administración política de vivienda. El equipo de gobierno no solo no paga los gastos de escalera de una residencia social, sino además de esto, no gasta un euro del presupuesto municipal, que ellos mismos se marcaron, para dar soluciones habitacionales.

Denuncia el concejal del PP, Juan Carlos Redondo que, continúa manifestando,

Por mucho que se erijan en defensores de las causas sociales y se harten de decir que han venido a salvar personas, los datos son claros. De más de uno con cinco millones presupuestados para la adquisición de vivienda social en dos mil veintidós, a data treinta de junio del año en curso no se había gastado nada. Solamente se han salvado a ellos mismos con la subida de salarios de un cincuenta por ciento que se aplicaron solamente llegar al gobierno de la urbe Partido Socialista, Compromís y Podemos y que no se han tocado ni en pandemia.

Lamenta y el concejal, además añade,

Ya pueden hacer anuncios, si no vienen apoyados con hechos no sirven para nada. Cero euros invertidos en adquisición de residencia social y cero euros gastados en la rehabilitación y ayudas a la rehabilitación de residencias en el segundo trimestre del año. Ésa es la carta de presentación de la concejala de Vivienda. Desde el PP ya hemos pedido en múltiples ocasiones a la primera edil el cese de esta concejala a la vista de los pésimos resultados de su administración, que no ha mejorado con el paso del tiempo, sino se prosigue siendo igualmente cuestionable.

En los 6 primeros meses del año dos mil dieciséis, la concejalía de Vivienda asimismo destinó cero euros del presupuesto municipal a asistir a familias en listas de espera para una residencia accesible y lo mismo ocurrió en dos mil diecisiete y dos mil veinte. El porcentaje de ejecución pertinente en exactamente el mismo periodo de dos mil dieciocho apenas fue del ocho por ciento. Asevera Redondo, que además explica,

Y en dos mil veintidós, pese a haber hecho el equipo de gobierno un a modificación de crédito para contar con de trescientos cincuenta mil euros más, nada se tocó de esta partida, figura íntegra en los datos de ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año.

“De todo cuanto prometía este gobierno, ni han logrado cerrar el círculo de desahucios como prometió la regidora a sus cien días en el cargo, ni hay avances resaltables en el área de Vivienda, solo reconocimientos de impago por pisos sociales y unas cantidades de ejecución presupuestaria que dejan mucho que desear. Instamos al gobierno municipal a tomarse de verdad la problemática de las familias que demandan una residencia social, sin mentir a los castellonenses.

Concluye.